Ministra de Cultura responde a denuncias sobre contratos familiares
La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, ha salido al frente para negar categóricamente cualquier intervención en procesos de contratación estatal que involucren a su madre y su hermano. La funcionaria sostiene que no existe inhabilidad legal ni conflicto de interés en estos casos, argumentando que las restricciones por parentesco solo aplican cuando hay autoridad directa sobre la entidad contratante.
Denuncias de la congresista Jennifer Pedraza
Las declaraciones de Kadamani responden directamente a las acusaciones formuladas por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló a través de la red social X que la madre de la ministra, Alexandra Fonrodona Montoya, habría recibido seis contratos con el Estado por un valor cercano a los 600 millones de pesos durante el actual gobierno.
Según los datos proporcionados por la congresista, tres de estos contratos, firmados en enero de 2026, suman 313.846.667 millones de pesos. "¡Quién fuera de la familia de la Ministra para conseguir trabajo!", escribió Pedraza en su publicación, cuestionando la transparencia de estos procesos.
Contratos del hermano Salim Kadamani
La polémica se extiende también al hermano de la ministra, Salim Kadamani, quien habría obtenido contratos por 257 millones de pesos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. La congresista Pedraza vinculó estos casos a un patrón más amplio, afirmando: "Mientras Gustavo Petro dice que no hay plata para atender crisis sociales, son más los escándalos de robo de dinero dentro de su gobierno y de favorecimiento a sus amigotes o sus familiares".
Defensa jurídica de la ministra
En su defensa, Kadamani presentó varios argumentos legales y administrativos:
- Transparencia en declaraciones: Afirmó haber reportado su parentesco en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y en su declaración de bienes y rentas.
- Cumplimiento normativo: Sostuvo que realizó el registro correspondiente como persona públicamente expuesta, siguiendo el Decreto 830 de 2021.
- Ausencia de conflicto: Declaró no tener conflictos de interés que reportar bajo la Ley 2013 de 2019.
- Trayectoria profesional: Argumentó que sus familiares son profesionales con experiencia propia que pueden participar en procesos contractuales como cualquier ciudadano.
Contexto de la contratación estatal
Esta controversia se produce en medio de críticas generalizadas a la gestión contractual del gobierno Petro. Reportes indican que la contratación exprés superó en un 68% las cifras del gobierno Duque, con más de 520.000 contratos directos registrados solo en enero de 2026, poco antes de la implementación de la ley de garantías.
La ministra calificó las insinuaciones de irregularidad como "carentes de fundamento jurídico", manteniendo que tanto ella como sus familiares han actuado dentro del marco legal establecido. El caso continúa generando debate sobre los límites de la contratación estatal y los mecanismos de control para prevenir conflictos de interés en la administración pública colombiana.
