Nuevas acusaciones de nepotismo sacuden al Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras revelarse una serie de contratos estatales millonarios adjudicados a familiares directos de su titular, Yannai Kadamani Fonrodona. Esta situación ha generado un intenso debate sobre transparencia y posibles conflictos de interés dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los contratos que han desatado la polémica
La polémica comenzó semanas atrás cuando se conoció que Salim Kadamani, hermano de la ministra y diseñador de profesión, firmó dos contratos con el Estado los días 24 y 30 de enero. El primero fue con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mientras que el segundo se suscribió con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo que más ha llamado la atención es que este último contrato fue firmado justo un día antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías, un detalle que ha sido ampliamente criticado por sectores de la oposición política.
La denuncia de la representante Jennifer Pedraza
A esta controversia inicial se sumó una nueva denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló que la madre de la ministra habría recibido seis contratos durante el actual Gobierno por un valor aproximado de $600 millones en menos de cuatro años.
Según la congresista, solo tres de esos contratos, firmados de manera simultánea en enero de 2026, suman $313,8 millones. Estos corresponden a:
- Un contrato con la Superintendencia de Salud por $126,5 millones
- Un contrato con el Ministerio de Salud por $116,7 millones
- Un contrato con el Ministerio del Interior por $70,68 millones
Pedraza sostiene que, con estos contratos, los ingresos mensuales de la madre de Kadamani habrían aumentado a más de $26 millones, lo que en su opinión refuerza las sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Patrón de contratación creciente
La representante Pedraza señaló que la contratación de la madre de la ministra no sería un hecho aislado de 2026. Según los datos divulgados:
- En 2023 tuvo un contrato por $48 millones
- En 2024 tuvo un contrato por $92 millones (incremento del 52%)
- En 2025 tuvo tres contratos por $141,1 millones (aumento del 65% frente al año anterior)
Durante el actual Gobierno, según la denuncia, la madre de la ministra habría tenido cinco contratos en el Ministerio de Salud y uno en la Supersalud.
Falta de declaración de conflictos de interés
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia se refiere a la declaración de conflictos de interés. Pedraza afirmó que en ninguna de las nueve ocasiones en que la ministra Kadamani ha publicado dicho documento se habría informado sobre la existencia de su madre o su hermano.
Según la congresista, esta omisión podría ir en contravía de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, que regula específicamente la divulgación de relaciones familiares en el sector público.
La defensa del Ministerio de Cultura
Frente a estos señalamientos, la ministra Kadamani respondió a través de un comunicado oficial en el que aseguró que "no ha intervenido ni incidido en ningún proceso de contratación en el que haya participado su madre o su hermano".
La titular de Cultura subrayó que ambos familiares "tienen derecho a trabajar y ejercer su profesión como cualquier ciudadano colombiano" y explicó que las inhabilidades por parentesco solo se configuran cuando existe una relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad.
Kadamani también afirmó que la información sobre sus familiares fue registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y que esos datos son de acceso público. Finalmente, sostuvo que las insinuaciones sobre irregularidades carecen de fundamento jurídico y desconocen el derecho al trabajo y al ejercicio profesional.
Contexto político de la controversia
Esta nueva polémica se desarrolla en un clima político marcado por intensos debates sobre transparencia, contratación estatal y el manejo de los recursos públicos en el Gobierno Petro. La situación adquiere especial relevancia a pocos días de las próximas elecciones, donde temas de ética pública y buen gobierno están en el centro de la discusión nacional.
El caso ha reavivado las críticas de la oposición y ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de control y vigilancia de la contratación pública en Colombia, especialmente cuando involucra a familiares de altos funcionarios del Estado.
