El transfuguismo político en Colombia: un problema que afecta la institucionalidad y el trabajo legislativo
En la política colombiana, uno de los argumentos más recurrentes contra los candidatos es el del transfuguismo. Como ocurre con muchas otras situaciones en nuestro país, la abundancia de diagnósticos coyunturales sobre este problema conduce a respuestas simplistas, como prohibiciones legales poco estructuradas cuya permeabilidad, lejos de resolverlo, terminan por perpetuarlo.
La ductilidad del espectro político y la confusión electoral
A menudo, el inconveniente no radica en el político individual, sino en la ductilidad del espectro político. Lo que en una época fue el Partido Liberal, capaz de albergar pensamientos tan diversos como los de Julio César Turbay, los dos Alfonso López, Álvaro Uribe, Carlos Lleras Restrepo o Juan de la Cruz Varela, hoy está tan reducido que todos esos personajes serían tildados de tránsfugas. La descontrolada profusión de movimientos políticos confunde al elector, quien enfrenta dificultades para comprender la trascendencia que proyecta la levedad de tantos matices ideológicos.
Impacto negativo en el trabajo del Congreso
Este fenómeno impacta negativamente la labor del Congreso de la República. En la medida en que los legisladores dejan de abordar temas sensibles que requieren debates complejos, por temor a perder el apoyo de los votantes si se los involucra en discusiones de profundidad, se generan vacíos legislativos. Cuando en el Capitolio Nacional se dejan esos vacíos, se abre la puerta para que las otras ramas del poder público los llenen en busca de un remedio.
Intervención de otras ramas del poder
La Corte Constitucional, por ejemplo, interviene a través de sentencias de inexequibilidad condicionada, concebidas como respuestas transitorias que suelen convertirse en permanentes debido a la inactividad parlamentaria. Por otro lado, el ejecutivo echa mano de instrumentos excepcionales, como la emergencia económica, lo que a su vez obliga a la rama judicial a verificar si en su invocación y ejercicio se respetaron los límites dentro de los cuales debe ejercerse.
Espacios de interacción y coordinación entre poderes
En sí mismas, estas zonas de interacción comunes no son malas; son espacios que, bien utilizados, permiten el trabajo coordinado entre las ramas del poder para abordar asuntos sobre los que tienen competencias comunes en grados diversos. Lo que está mal es presentarlas como un campo de combate entre rivales, y usarlas para desprestigiar instituciones, porque eso afecta directamente la legitimidad del Estado.
La importancia de la crítica constructiva y el papel de la academia
Desde luego que se pueden criticar determinaciones del jefe de gobierno, del Congreso y de los jueces; pero sin asumir que la disparidad de criterios tiene que ver necesariamente con la legitimidad del órgano cuya actividad se cuestiona. Se puede discutir, por ejemplo, sobre la solidez jurídica que soporta la suspensión provisional de un decreto, sin que por ello se deba concluir que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional son obstáculos a las labores del Ejecutivo y el Legislativo que, por lo tanto, deben suprimirse.
La academia puede y debe ayudar en la defensa de la institucionalidad; es el ambiente natural para exponer con claridad los problemas, para mostrar su trascendencia, para explicar las distintas soluciones posibles y advertir de las consecuencias positivas y negativas de cada alternativa. En definitiva, para orientar a la opinión pública en medio de la actual vorágine de información y ofrecer insumos y herramientas a los encargados de tomar decisiones.
