Una de cada tres leyes en Colombia se aprueba sin conocer su costo fiscal, según alerta del Observatorio Fiscal
Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha revelado una situación preocupante: en Colombia, una de cada tres leyes con impacto fiscal se aprueba sin que sea posible estimar con precisión su costo. Este fenómeno está elevando significativamente los riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, poniendo en jaque la capacidad del Estado para gestionar sus recursos de manera eficiente.
Datos alarmantes sobre la aprobación legislativa
De acuerdo con el informe, en el año 2024 se sancionaron un total de 98 leyes. De estas, el 32,7% implicaban gasto público, pero no pudieron ser cuantificadas por el Ministerio de Hacienda debido a la falta de información suficiente. Este dato se convierte en un indicador crítico, ya que refleja que una proporción significativa de decisiones legislativas se adopta sin claridad sobre sus efectos fiscales, lo que podría comprometer el futuro económico de la nación.
El problema no es menor, ya que otras 17 leyes sí tuvieron un costo fiscal estimado, que en conjunto alcanzó la astronómica cifra de $11,4 billones, el nivel más alto registrado en la historia reciente. Sin embargo, esta cifra no incluye el impacto de las normas que no pudieron ser medidas, lo que sugiere que el costo real de las decisiones legislativas podría ser aún mayor, generando una presión fiscal sin precedentes.
Cambio en la tendencia histórica y compromisos permanentes
Este aumento en el gasto legislativo marca un cambio relevante frente a la tendencia histórica. Entre 2003 y 2010, el impacto anual promedio se ubicaba en torno a los $2,8 billones, con algunos picos en años posteriores. No obstante, en los últimos años se ha observado un repunte que culmina en 2024 con el mayor nivel de presión fiscal derivada de leyes aprobadas, indicando una tendencia ascendente que preocupa a los expertos.
Uno de los aspectos más relevantes del análisis es que la mayor parte del gasto generado por estas normas tiene carácter permanente. Esto significa que no se trata de compromisos puntuales, sino de obligaciones que se incorporan de manera estructural al presupuesto y que deben financiarse de forma recurrente en los años siguientes, reduciendo el margen de maniobra del Estado y limitando su capacidad de respuesta ante emergencias económicas.
Rigidez del gasto y debilidad institucional
Este fenómeno se suma a una característica estructural de las finanzas públicas colombianas: la alta rigidez del gasto. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, más del 85 por ciento del presupuesto del Gobierno nacional está comprometido por obligaciones legales o constitucionales, lo que limita significativamente la capacidad de ajuste ante choques económicos o necesidades emergentes.
En este contexto, la aprobación de leyes sin una estimación clara de su costo agrava el problema, ya que introduce nuevas presiones sobre un presupuesto que ya tiene un margen reducido. Esta situación disminuye la capacidad del Estado para anticipar el impacto de sus decisiones y para gestionar de manera sostenible las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, según advierte el reporte.
Falta de una oficina técnica presupuestal en el Congreso
El Observatorio Fiscal también señala un problema institucional que está en la base de esta situación. Aunque la legislación colombiana exige que los proyectos de ley que ordenan gasto incluyan una estimación de su impacto fiscal, en la práctica esta información no siempre está disponible o no es suficientemente robusta para permitir una evaluación completa.
A esto se suma la ausencia de una instancia técnica independiente dentro del Congreso que permita analizar de manera rigurosa el costo de las iniciativas. La Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, creada por la Ley 1985 de 2019, tiene precisamente ese propósito, pero hasta la fecha no ha sido puesta en funcionamiento, lo que limita la autonomía técnica del Legislativo y lo hace depender en gran medida de la información proporcionada por el Ejecutivo.
Consecuencias y llamado a la acción
Como resultado, el Congreso depende en gran medida de la información proporcionada por el Ejecutivo para evaluar el impacto fiscal de los proyectos de ley. Esta situación, advierte el informe, reduce la calidad del debate público y debilita la capacidad del Legislativo para tomar decisiones informadas sobre el uso de los recursos públicos, afectando la transparencia y la eficiencia gubernamental.
El contraste entre el costo de esta debilidad institucional y los recursos en juego es significativo. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el funcionamiento de la oficina técnica tendría un costo cercano a los $3.000 millones anuales, una cifra marginal frente a los billones de pesos que pueden comprometerse a través de nuevas leyes. De hecho, el costo estimado de las leyes con impacto fiscal aprobadas en 2024 equivale a más de 3.000 veces el valor requerido para poner en marcha esta instancia técnica.
En los próximos cuatro años, recuperar la senda fiscal debe ser una prioridad del Gobierno. El nuevo Congreso que se instalará en julio tendrá un papel determinante no solo en la aprobación del presupuesto nacional, sino también en la creación de nuevas obligaciones de gasto. La capacidad de evaluar adecuadamente el impacto de estas decisiones será clave para evitar mayores presiones sobre unas finanzas públicas que ya enfrentan importantes restricciones, según concluye el análisis.
