El fenómeno influencer en la política colombiana: más allá de los likes
El domingo 8 de marzo, casi 21 millones de colombianos ejercieron su derecho al voto en las elecciones para el Congreso de la República, mientras que siete millones adicionales participaron en las consultas interpartidistas de carácter presidencial. En los días posteriores, el debate nacional se ha centrado intensamente en estos comicios, incluyendo análisis profundos sobre tendencias y resultados.
De las redes sociales al hemiciclo: una transición polémica
Un aspecto que ha capturado particular atención es el creciente interés de figuras influyentes en redes sociales, comúnmente conocidas como influencers, que han decidido dar el salto desde la popularidad digital hacia la arena política, aspirando a convertir sus likes en votos concretos. Esta tendencia ha generado reacciones encontradas, con voces como la del reconocido influencer "La liendra" cuestionando abiertamente estas campañas bajo el argumento de que "el país necesita gente preparada, no famosa".
Este debate, aunque pueda parecer contemporáneo, tiene raíces históricas profundas que se remontan a la Antigua Grecia. El filósofo Aristóteles ya sostenía que las personas más sabias y capacitadas debían asumir las responsabilidades de gobierno. Sin embargo, la realidad constitucional colombiana presenta un panorama diferente: nuestra Carta Magna establece que prácticamente cualquier ciudadano puede aspirar a un cargo en el Congreso, con requisitos mínimos que incluyen ser colombiano de nacimiento, tener derechos políticos intactos y cumplir con los umbrales de edad (25 años para la Cámara de Representantes y 30 años para el Senado).
El verdadero problema: calidad sobre popularidad
La discusión y crítica hacia los influencers que incursionan en política por supuesta falta de preparación revela, en el fondo, un malestar más estructural sobre el perfil general de quienes aspiran a ocupar curules legislativas. No se trata necesariamente de rechazar a personas populares en redes sociales que desean dar el salto al Congreso, sino de cuestionar profundamente las credenciales y el historial de todos los candidatos.
No existe una inhabilitación social automática para que alguien que haya utilizado sus plataformas digitales para generar contenido de valor, educación o control político aspire a ser congresista. Cuando una persona, independientemente de su canal de influencia, utiliza su alcance para el bien colectivo y demuestra coherencia entre su discurso y sus acciones, resulta natural que busque traducir ese capital social en representación política.
El verdadero desafío radica en que, aunque legalmente casi cualquier persona puede aspirar al Congreso, no cualquiera debería llegar. Aquí yace el descontento ciudadano manifestado durante las recientes elecciones. Es imperativo cuestionar activamente la experiencia concreta de los candidatos, sus contribuciones previas a la sociedad, la naturaleza de sus alianzas políticas y la solidez de sus propuestas programáticas.
La paradoja del siglo XXI: información versus corrupción
Resulta paradójico que en plena era digital, caracterizada por un acceso sin precedentes a la información, Colombia continúe llevando al Congreso a figuras con historiales cuestionables. Nombres como Wadith Manzur, Karen Manrique, Miguel Angel Barreto y John Besaile, entre otros, han sido señalados públicamente por diversos líos de corrupción, según información de dominio público.
Esta situación es particularmente grave considerando la enorme importancia institucional del Congreso. En sus salones se deciden aspectos cruciales para el destino nacional: desde reformas estructurales y la aprobación del presupuesto general de la nación hasta la modificación y creación de leyes que rigen nuestra convivencia. Además, los congresistas ejercen control político sobre el gobierno y participan en la elección de altos cargos de control como los titulares de la Contraloría y la Procuraduría General.
El verdadero reto electoral: filtrar con rigor
Criticar al influencer que se lanza a la política resulta relativamente fácil, pero el desafío fundamental para la ciudadanía es mucho más complejo: limpiar nuestro feed electoral y aplicar filtros rigurosos sobre a quiénes dedicamos nuestra atención y, finalmente, nuestro voto. La cuestión central no reside en quién decide aspirar, sino en a quiénes permitimos acceder a los espacios de poder.
La democracia exige un electorado informado, crítico y participativo que evalúe a los candidatos más allá de su popularidad superficial, examinando su trayectoria, integridad y compromiso real con el bien común. Solo así podremos fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el Congreso esté integrado por los mejores perfiles, independientemente de su origen profesional o mediático.
