Gobierno impulsa traslado acelerado de $25 billones desde fondos privados a Colpensiones
El Ministerio de Trabajo ha publicado un polémico proyecto de decreto que busca transferir de manera exprés, en apenas 15 días, más de $25 billones desde las cuentas de ahorro individual de 118.000 afiliados a los fondos privados de pensión hacia las arcas de Colpensiones. Esta iniciativa ha desatado un intenso debate entre expertos, quienes advierten sobre posibles extralimitaciones del poder Ejecutivo y riesgos para los ahorros previsionales de los colombianos.
La controversia legal y constitucional
Los recursos en cuestión corresponden al dinero de trabajadores que, gracias a la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, accedieron a una ventana de oportunidad para trasladarse entre los regímenes público y privado. Sin embargo, la Ley 2381 establece claramente que estos ahorros deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez.
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), ha rechazado frontalmente la iniciativa. "Trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que gobierno podrá utilizar para otros fines", señaló Velasco en sus redes sociales.
Advertencias sobre inseguridad jurídica
El abogado Andrés Pérez Velasco, de la Corporación Excelencia por la Justicia, explicó que obligar a un traslado inmediato de $25 billones "podría interpretarse como un desbordamiento de las facultades del Gobierno". El experto subraya que la reforma pensional está actualmente bajo estudio de la Corte Constitucional, y que el artículo en cuestión, aunque vigente provisionalmente, permanece bajo examen.
Desde la perspectiva del derecho a la propiedad privada y la sostenibilidad fiscal, Pérez Velasco advierte que esta medida genera inseguridad jurídica. Los recursos en las cuentas de ahorro individual tienen protección constitucional reforzada al ser propiedad de los afiliados, por lo que su traslado masivo y acelerado a una entidad pública podría desvirtuar la naturaleza del ahorro previsional.
Preocupaciones sobre fines electorales
Mauricio Restrepo, experto en temas pensionales, calificó el borrador de decreto como "preocupante" y cuestionó las intenciones del gobierno. "El gobierno quiere liberar caja para utilizar esos recursos en cosas que no van a ser para estos pensionados", afirmó Restrepo, quien además señaló el contexto electoral actual como factor relevante en esta discusión.
Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, fue aún más contundente: "El gobierno formaliza su intención de apropiarse del ahorro pensional trasladándolo a Colpensiones para el gasto". Según el académico, no solo este proyecto de decreto sería contrario a la ley, sino que, de implementarse, el daño sería irreversible.
Argumentos a favor de la medida
No todas las voces se oponen al proyecto. Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, considera que la nueva medida podría facilitar un proceso que, en la práctica, no se está cumpliendo adecuadamente. "Ha crecido la litigiosidad en sede de tutela para el cumplimiento de la posibilidad que abrió el traslado", explicó Morad, señalando que hay casos que llevan más de un año esperando el traslado de las semanas para obtener la pensión de vejez.
Enan Arrieta, profesor de derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, hace un llamado a la prudencia, aclarando que el proyecto de decreto no ordena que todos los recursos de los afiliados a los fondos privados se trasladen a Colpensiones, sino solo aquellos de quienes hicieron uso de la ventana de oportunidad de traslado.
Próximos pasos y reacciones esperadas
El proyecto de decreto, que consta de cinco páginas, está actualmente a la espera de la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. En los próximos días se definirá si el gobierno pone en marcha esta polémica medida, lo que seguramente desencadenará reacciones jurídicas por parte de gremios, expertos y ciudadanos afectados.
La discusión sobre este traslado exprés de $25 billones pone en evidencia las tensiones entre la administración pública y los fondos privados de pensiones, así como los desafíos en la implementación de la reforma pensional. Mientras algunos ven en esta medida una solución a problemas prácticos en el traslado de ahorros, otros advierten sobre riesgos constitucionales, financieros y de protección a los derechos de propiedad de los ahorradores.
