Bloqueos y ataques a mineras: pérdidas millonarias por estrategias de presión al Gobierno
Las empresas mineras que operan en Colombia se han convertido en objetivo constante de bloqueos y atentados que amenazan gravemente la continuidad de sus operaciones en diversas regiones del país. Esta situación afecta tanto a compañías dedicadas a la producción de carbón en La Guajira y níquel en Córdoba, como a aquellas enfocadas en la extracción de oro en Antioquia o esmeraldas en Boyacá.
En la mayoría de los casos, estas acciones se han consolidado como una estrategia de presión directa al Gobierno Nacional, ya sea por el incumplimiento de acuerdos previos o para forzar la atención sobre nuevas exigencias de las comunidades y grupos de interés.
Cerro Matoso: un caso crítico de parálisis operativa
Uno de los casos más recientes y preocupantes es el de Cerro Matoso, cuya operación en Montelíbano completa más de una semana bloqueada como daño colateral del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aseguró que "el derecho a la protesta es legítimo, pero al tiempo debe respetarse la institucionalidad y garantizar los derechos fundamentales de operaciones industriales que comprometen la productividad de las regiones".
Aunque la compañía es ajena a los motivos de la protesta, ya sufre un impacto severo con más de 2.000 trabajadores afectados y cerca de 400 operarios atrapados en la planta sin posibilidad de relevo de turnos. La parálisis logística ha frenado el despacho diario de 13 camiones de ferroníquel hacia el puerto de Cartagena y restringido el ingreso de insumos vitales para la continuidad de las operaciones.
Adicionalmente, cada día no han podido ingresar 20 camiones cargados de mineral (aproximadamente 1.600 toneladas) provenientes de las minas Queresas y Porvenir, en el municipio de Planeta Rica. Hasta el momento, este bloqueo le ha costado a Cerro Matoso más de 120 toneladas de níquel en producción, lo que equivale a pérdidas que superan los 1,7 millones de dólares.
El drama de los trabajadores y el aumento de incidentes
La compañía destacó que en los últimos años se ha registrado un aumento crítico en bloqueos e ingresos no autorizados a su operación. Mientras antes reportaba como máximo un incidente al año, la cifra se disparó a siete casos durante 2024, evidenciando una tendencia preocupante que afecta la estabilidad operativa del sector.
Mientras Cerro Matoso urge a las autoridades a actuar de manera inmediata para restablecer la movilidad y evitar que el conflicto escale, la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, señaló que se han adelantado varias mesas de diálogo con los manifestantes. Según la funcionaria, ya existe un acuerdo parcial y las partes se reunirán nuevamente este jueves a las 8:00 de la mañana, con el objetivo de alcanzar un pacto definitivo que permita superar la parálisis en la zona.
Cerrejón: ataques constantes en las vías férreas
Al tiempo que Cerro Matoso enfrenta esta crisis, Cerrejón denunció un nuevo atentado registrado la noche de este domingo contra dos puntos de su línea férrea, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y graves daños materiales. En lo corrido de 2026 ya se contabilizan dos ataques de este tipo, que se suman a los nueve ocurridos durante 2025.
Para la compañía, esta situación "evidencia la gravedad de un contexto marcado por bloqueos recurrentes y crecientes presiones operativas que comprometen la estabilidad y el desarrollo del territorio". La empresa también ha tenido que lidiar con constantes parálisis en sus operaciones, registrando en 2025 un total de 201 bloqueos que sumaron 96 días de inactividad, equivalentes a más de tres meses completos.
Pese a que el 70 por ciento de estos incidentes son ajenos a la compañía, el impacto fue directo: no se pudo transportar carbón hacia Puerto Bolívar en La Guajira. En lo que va de este año, ya se han presentado 44 bloqueos adicionales, manteniendo una tendencia alarmante que afecta la productividad regional.
Inseguridad extrema: cuando operar ya no es viable
Los niveles de inseguridad en las regiones han llegado a un punto tal que, a comienzos de febrero, los accionistas de la esmeraldera Coscuez decidieron liquidar la compañía al considerar que operar no era "financieramente sostenible ni responsable". La minera, filial de Fura Gems con sede en Dubái, aseguró que no existían las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los trabajadores ni la integridad de sus actividades.
Todo esto se suma a varios ataques con explosivos que, en repetidas ocasiones, ha sufrido la mina de oro Buriticá, de la empresa Zijin-Continental Gold, en el departamento de Antioquia. Por ejemplo, a mediados de 2025 grupos de minería ilegal activaron explosivos que hirieron a tres guardias de seguridad, mientras que a inicios de ese mismo año lanzaron bombas caseras de alto poder contra los túneles de la mina.
"Se requiere una actuación pronta y efectiva de las autoridades para restablecer la movilidad, cuidar a las personas y así evitar que sigan escalando afectaciones sobre la economía regional, trabajadores, contratistas y las comunidades", alertó finalmente el presidente de la ACM, destacando la urgencia de encontrar soluciones estructurales a esta crisis que afecta múltiples regiones del país.
