Centrales Obreras Elevan la Presión por el Salario Mínimo y Convocan Movilizaciones
Las centrales obreras, agrupadas en el Comando Nacional Unitario, han intensificado su presión sobre el Gobierno nacional, exigiendo la expedición de un nuevo decreto del salario mínimo para 2026 en las mismas condiciones que el anterior, el cual fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales argumentan que esta medida es crucial para mantener la lucha por los derechos de los trabajadores y evitar un retroceso social significativo.
Impacto Judicial y Respuesta Sindical
La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del salario mínimo ha generado una fuerte reacción en el movimiento obrero. Según las centrales, esta suspensión no solo afecta el ingreso de millones de hogares colombianos, sino que también desencadena un pulso institucional que requiere una resolución inmediata. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que el alto tribunal actuó en respuesta a demandas presentadas por sectores empresariales, incluyendo Fenalco y el Centro Democrático, quienes alegan fallas en los procedimientos legales.
Las centrales CUT, CTC y CGT, junto con confederaciones de pensionados, calificaron la suspensión como un grave retroceso social, señalando que desconoce la realidad económica del país y compromete la estabilidad de los ingresos laborales en un contexto de alto costo de vida. Insisten en que el aumento del salario mínimo, fijado en 2 millones de pesos tras un incremento del 23,7%, es una obligación constitucional y no una concesión, enfatizando que se trata de un derecho adquirido para garantizar una remuneración mínima, vital y móvil.
Argumentos Jurídicos y Movilizaciones Planificadas
Desde una perspectiva jurídica, las centrales obreras sostienen que el Presidente de la República cuenta con la facultad constitucional y legal para expedir un nuevo decreto que mantenga el salario mínimo en las mismas condiciones establecidas en diciembre de 2025. Este argumento se basa en el marco de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, donde reiteran que el Gobierno cumplió con todos los requisitos legales durante el proceso de concertación.
Según las estimaciones de la CUT, la suspensión afecta directamente a aproximadamente cuatro millones de trabajadores que devengan el salario mínimo y a más de 1,2 millones de pensionados cuyas mesadas están vinculadas a este ingreso. Una eventual reducción del aumento tendría efectos negativos sobre el consumo, la estabilidad familiar y la presión sobre la canasta básica, advierten las organizaciones.
En respuesta, el Comando Nacional Unitario ha anunciado movilizaciones en todo el país para el jueves 19 de febrero, como un mecanismo de presión frente a lo que consideran una amenaza a un derecho ya conquistado. En Bogotá, la concentración principal se realizará en la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde, mientras que en otras ciudades las protestas se desarrollarán en horarios definidos por las organizaciones locales. Las centrales insisten en que no aceptarán que intereses empresariales frenen una medida orientada a recuperar el poder adquisitivo y reducir las brechas de desigualdad, destacando la disposición del Gobierno y los trabajadores para defender un aumento legal, constitucional y socialmente necesario.
