Petro sanciona histórica Ley de Jurisdicción Agraria en Cereté
En un acto de profundo significado para el sector rural colombiano, el presidente Gustavo Petro sancionó este viernes en el municipio de Cereté la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, una normativa que el Gobierno califica como un paso "histórico" en la deuda del Estado con el campesinado. La ceremonia marcó un hito en la transformación de la justicia en los territorios rurales del país.
Reforma estructural del sistema judicial agrario
La nueva ley introduce cambios fundamentales al modificar la Ley 270 de 1996, con el objetivo central de garantizar que los conflictos relacionados con la tierra sean atendidos por jueces especializados. Esto implica:
- Creación de tribunales y juzgados agrarios específicos
- Formación de equipos técnicos interdisciplinarios
- Atención más eficiente y cercana a las realidades del campo
Con esta reforma, el Ejecutivo busca que los procesos judiciales agrarios dejen de ser largos, complejos y lejanos para las comunidades rurales. En adelante, los campesinos podrán acceder a una justicia más directa, con operadores judiciales enfocados exclusivamente en resolver disputas sobre tierras, derechos territoriales y conflictos asociados a la ruralidad.
Nuevas figuras para facilitar el acceso a la justicia
Uno de los elementos más innovadores de la ley es la incorporación de facilitadores agrarios y rurales, quienes tendrán la tarea de orientar gratuitamente a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos legales. Esta figura pretende reducir las barreras de acceso a la justicia, especialmente en zonas apartadas donde históricamente ha habido una débil presencia institucional.
La sanción de esta ley se enmarca en la política del Gobierno de "avanzar hacia una mayor equidad en el campo y consolidar mecanismos institucionales que permitan resolver conflictos mediante vías legales, en lugar de la confrontación". En ese sentido, la Jurisdicción Agraria se perfila como una herramienta clave para la construcción de paz y la organización del territorio.
Entrega de más de 3.000 hectáreas a damnificados en Córdoba
Durante el mismo evento, el presidente Petro oficializó la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas afectadas por fenómenos climáticos recientes en el departamento de Córdoba. Según cifras del Gobierno, esta adjudicación beneficiará a más de 1.000 familias, muchas de las cuales habían visto deterioradas sus condiciones de vida por emergencias ambientales.
Los predios entregados provienen de diversas fuentes estatales:
- Fondo de Reparación a Víctimas
- Sociedad de Activos Especiales (SAE)
- Procesos de compra directa
Algunos de estos terrenos, de acuerdo con la información oficial, fueron recuperados por el Estado tras haber estado en manos de exjefes paramilitares. Las tierras están distribuidas en municipios como Montería, Sahagún, Planeta Rica y Puerto Libertador, entre otros, e incluyen beneficiarios de organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas como el Resguardo Indígena Zenú.
Recuperación ambiental en el Bajo Sinú
La jornada también incluyó el inicio de obras para la recuperación ambiental en el Bajo Sinú, específicamente con la demolición de jarillones que han alterado los flujos naturales del agua en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Esta intervención busca restaurar ecosistemas estratégicos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que dependen de ellos.
Con la sanción de la Ley de Jurisdicción Agraria, el Gobierno nacional avanza en uno de los pilares fundamentales de su agenda rural: fortalecer la institucionalidad en el campo, garantizar el acceso a la tierra y promover un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible para las regiones históricamente rezagadas del país. Esta normativa representa un cambio de paradigma en la administración de justicia agraria, acercando las instituciones estatales a las realidades y necesidades específicas del campo colombiano.
