Orden de captura contra concejal de Barranquilla por violencia intrafamiliar agravada
La Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra el concejal de Barranquilla Alexis Castillo, miembro del Partido Conservador, dentro de un proceso por presunta violencia intrafamiliar agravada. La decisión judicial fue adoptada el 11 de febrero de 2026 por un juez de control de garantías, luego de que el ente acusador presentara elementos materiales probatorios relacionados con las denuncias interpuestas por la expareja del cabildante.
Antecedentes documentados desde marzo de 2025
Las denuncias formales contra Castillo tienen antecedentes documentados desde marzo de 2025, cuando la expareja del concejal, Silvia Aragón, relató episodios de violencia física y amenazas. En sus declaraciones, detalló situaciones en las que habría sido intimidada y, en una ocasión, agredida al punto de presentar marcas visibles. La mujer también describió discusiones relacionadas con la custodia de los hijos en común y presuntos episodios de hostigamiento.
El proceso, que ha tomado relevancia pública desde el año pasado, se basa en múltiples señalamientos realizados por Aragón, quien sostiene que desde 2023 ha sido víctima de diferentes tipos de agresiones:
- Físicas
- Psicológicas
- Emocionales
- Económicas
- Patrimoniales
Aragón ha iniciado al menos tres procesos paralelos: uno ante una Comisaría de Familia, otro ante la Fiscalía y un tercero ante un juzgado de familia. Además, ha manifestado que desde octubre de 2024 cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia de los menores, pero asegura haber recibido presiones y amenazas relacionadas con ese tema.
La versión del concejal y posibles intereses políticos
En una comunicación posterior a lo informado por la Fiscalía, Castillo sostuvo que la medida lo tomó por sorpresa y afirmó que no corresponde a nuevos hechos de violencia, sino a una incomparecencia a una audiencia programada en noviembre. Según explicó, ese día se encontraba atendiendo compromisos previamente citados en el Concejo Distrital.
El concejal indicó que su ausencia fue interpretada por la Fiscalía como una posible obstrucción al proceso, lo que habría motivado la solicitud de orden de captura para asegurar su presencia en la siguiente etapa judicial. Agregó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades si la medida no es revocada.
Castillo también manifestó que el proceso tiene como origen un conflicto derivado de su separación, la cual asegura se extiende por cerca de dos años. Según él, en ese tiempo ambas partes han participado en espacios de conciliación, centrados en el bienestar de sus hijos.
Finalmente, el concejal insinuó que la difusión pública de la orden judicial podría tener un impacto político, dado que la situación se conoce en un periodo electoral y él ha manifestado respaldos públicos a determinados candidatos. No obstante, no presentó pruebas de presiones o intervenciones externas en el caso.
Relevancia política y repercusiones públicas
La situación ha generado particular atención porque Castillo es miembro de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla, una instancia encargada de promover iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres y la prevención de violencias en escenarios de participación política.
La existencia de una investigación en su contra por presunta violencia intrafamiliar ha provocado reacciones entre diferentes sectores locales, que piden que el proceso avance con total independencia judicial. Las organizaciones de mujeres y algunos sectores académicos han destacado la importancia de que estos casos se tramiten con celeridad, tanto por su impacto social como por el precedente que sientan en materia de garantías para las víctimas.
Por su parte, sectores cercanos al concejal insisten en que el proceso debe ceñirse estrictamente a las pruebas y a los tiempos judiciales sin emitir juicios anticipados. Mientras tanto, los procesos paralelos iniciados por Aragón en contra de Castillo continúan en instancias administrativas y familiares, lo que deja activo un panorama jurídico amplio alrededor del cabildante.
Tras la emisión de la orden judicial, una abogada del concejal acudió a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) con la intención de explorar una posible entrega voluntaria. Hasta ese momento no se había concretado la comparecencia del cabildante ante la autoridad competente. Las autoridades continúan evaluando los mecanismos para hacer efectiva la orden, mientras el proceso penal avanza en su fase preliminar.
