Indignación en el Atlántico por libertad de presunto feminicida tras vencimiento de términos judiciales
Un ambiente de consternación y rechazo absoluto impera entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en el departamento del Atlántico, tras conocerse la libertad de Edgar Jair Aguilar Soto. El procesado, señalado por la Fiscalía como el presunto responsable del feminicidio de su esposa Clara Milena Álvarez Díaz, abandonó el centro carcelario el pasado 21 de febrero debido a demoras judiciales que permitieron el vencimiento de términos legales.
Protesta de la Red de Mujeres del Atlántico
La Red de Mujeres del departamento, liderada por la activista Ruth Pareja, elevó una enérgica protesta ante lo que consideran un mensaje de impunidad para los agresores de mujeres. Para la organización, la salida de Aguilar Soto no representa un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema judicial que prioriza tecnicismos sobre la protección de la vida humana.
"Elevamos una voz enérgica para que se abran procesos disciplinarios a los funcionarios públicos; la Procuraduría debe poner la lupa en esto", declaró Pareja ante los medios de comunicación, calificando la situación como una "ineficacia estatal" que afecta directamente la dignidad de las víctimas y sus familias.
Críticas a la ineficacia del sistema judicial
El malestar de los colectivos de mujeres radica en que el proceso contra Aguilar Soto estuvo marcado por la inacción institucional. Pese a que el procesado se entregó en abril de 2025 tras el crimen ocurrido en el barrio Sinaí de Soledad, donde la víctima fue atacada presuntamente con un martillo y un cuchillo, el aparato judicial permitió transcurrir más de 140 días desde la acusación sin instalar el juicio oral correspondiente.
Desde la Red de Mujeres se enfatizó que la sobrecarga laboral de los juzgados no puede ser una excusa válida cuando está de por medio la justicia para una víctima de violencia de género. "No es competencia de los familiares si los funcionarios tienen o no muchísimo trabajo; es una problemática interna que deben resolver sin afectar la dignidad humana", subrayó la defensora Pareja, quien insistió en que estas fallas procesales revictimizan a la familia de Clara Milena Álvarez Díaz.
Reacción ante decisión judicial
La indignación creció significativamente al confirmarse que un juez del Circuito de Soledad desestimó la aplicación de la Ley 2477 de 2025, una normativa diseñada precisamente para evitar que feminicidas queden libres por plazos cortos. El magistrado argumentó que, por el principio de favorabilidad y no retroactividad, la ley no cubría el crimen de Álvarez Díaz por haber ocurrido meses antes de su promulgación oficial.
Para las organizaciones sociales, este vacío legal y la falta de celeridad judicial envían un mensaje de desprotección a todas las mujeres del departamento. La Red de Mujeres advirtió que mantendrá una vigilancia constante y exigirá que la Comisión de Disciplina Judicial investigue exhaustivamente las actuaciones del juez y los fiscales encargados del caso.
La organización aseguró que continuará exigiendo que el proceso penal avance con firmeza hasta lograr una condena ejemplar, a pesar de que el investigado ahora enfrente el juicio en condición de libertad. Este caso ha generado un debate profundo sobre la eficacia del sistema judicial colombiano en la protección de víctimas de violencia de género y la necesidad de reformas urgentes para garantizar justicia oportuna.
