Audiencia de la JEP marca paso crucial en proceso de reparación por falsos positivos en Antioquia
Durante dos días consecutivos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia pública de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación en Medellín, enfocada en los denominados 'falsos positivos' ocurridos en el oriente del departamento de Antioquia. Este proceso judicial reunió a 31 comparecientes de la Fuerza Pública que han reconocido su participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2004.
Reconocimiento de responsabilidad y pedidos de perdón
En un hecho sin precedentes, miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez, admitieron su responsabilidad en nueve eventos violentos que dejaron 19 víctimas mortales en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada. Durante las comparecencias, varios militares se arrodillaron ante los familiares de las víctimas para solicitar perdón de manera pública y contundente.
Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, uno de los comparecientes, manifestó de rodillas ante Marino Antonio Mazo Gómez, hijo de Blanca Olivia Gómez: "Espero que algún día pueda perdonarme por haberle quitado la vida a su madre. Este caso transformó mi vida y no quisiera que nadie más tenga que vivir algo así". Este momento representó uno de los puntos más emotivos de la audiencia, evidenciando el profundo impacto emocional en ambas partes.
Detalles de los casos abordados
La magistratura de la JEP, presidida por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, examinó múltiples casos específicos donde campesinos fueron presentados falsamente como bajas en combate:
- El 20 de mayo de 2004 en la vereda Santa Bárbara de San Luis, donde tres campesinos -Jairo García, Gildardo Salazar y Blanca Olivia Gómez- fueron asesinados y reportados como guerrilleros muertos en enfrentamientos.
- El 3 de junio de 2004 en la vereda Los Mangos de Cocorná, donde Germán Darío Hernández Galeano fue ejecutado tras ser señalado falsamente como integrante de grupo armado.
- El 7 de agosto de 2004 en la vereda El Molino de Cocorná, donde Javier de Jesús Castaño Giraldo y Jhon Jairo Quintero Vergara sufrieron la misma suerte.
Diez comparecientes, incluyendo a Ely de Jesús López Giraldo y Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, aceptaron formalmente su responsabilidad en los delitos de homicidio y desaparición forzada. Andrés Mauricio Rosero Bravo, identificado como máximo responsable en varios casos, reconoció que actuaron con base en información de informantes sin verificación previa, sin considerar aspectos básicos como la edad o condición de las víctimas.
Revelaciones sobre coordinación con grupos paramilitares
Durante el segundo día de audiencia, surgieron detalles alarmantes sobre la coordinación entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares. Los comparecientes admitieron que en varias operaciones se hicieron pasar por integrantes de autodefensas para cometer los crímenes.
El teniente Rosero Bravo reveló que consiguió armas con comandantes paramilitares en El Santuario, específicamente un fusil AK-47, y autorizó a estos grupos para interrogar y torturar a las víctimas como contraprestación. Édgar de Jesús Sánchez Restrepo describió cómo paramilitares con alias 'Alex' y 'Matute' participaron directamente en golpizas y torturas contra Cristian de Jesús Aizález para extraer información.
Medidas simbólicas de reparación
Como parte del proceso restaurativo, el compareciente Diego Londoño Rojas entregó a familiares de las víctimas un árbol simbólico destinado a ser sembrado en el "Bosque del Recuerdo", un espacio memorial creado para honrar a quienes perdieron la vida en estos hechos. "Estoy aquí frente a ustedes con vergüenza y arrepentimiento por los horrores que cometí", expresó Londoño Rojas ante Sol Beatriz Aizález, Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín.
Por su parte, la señora Rosalba Angélica manifestó a los comparecientes: "Yo quiero decirles que los perdono. Les agradezco por estar aquí, darnos la cara, decir la verdad, que es lo que tanto buscamos en este proceso". Estas palabras reflejan la complejidad emocional del proceso de reconciliación que busca la JEP a través de su Ruta No Sancionatoria.
Impacto en la comunidad y la institucionalidad
Marino Antonio Mazo Gómez, al dirigirse a los comparecientes, recordó que su madre había quedado viuda tras el asesinato de su padre por otro grupo armado, subrayando que su historia representa la de miles de víctimas de este fenómeno que afectó gravemente la imagen de la fuerza pública colombiana. Tulio Hernández Galeano, hermano de Germán Darío, relató cómo escuchó a los responsables introducir un arma en la escena para simular un combate y justificar el homicidio de su familiar.
Esta audiencia forma parte del proceso más amplio de la JEP para abordar los falsos positivos en Colombia, que incluye también investigaciones en departamentos como Casanare, donde se han iniciado juicios contra 22 militares y civiles por 301 casos similares. El proceso en Antioquia marca un hito significativo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de este capítulo oscuro del conflicto armado colombiano.
