Fiscalía ordena captura con fines de extradición de exmilitar venezolano opositor
La Fiscalía General de la Nación, bajo el mando de Luz Adriana Camargo, ha emitido una orden de captura con fines de extradición contra el mayor Juven José Sequea Torres, un exmilitar venezolano reconocido por su oposición al régimen de Nicolás Maduro. El documento, conocido por SEMANA, establece los procedimientos legales para su traslado a Venezuela, donde enfrenta graves acusaciones.
Antecedentes del caso y condena en Colombia
Juven José Sequea forma parte de un grupo de exoficiales venezolanos que participaron en operativos contra el gobierno de Maduro, incluyendo el levantamiento de abril de 2019 y la denominada Operación Gedeón. Esta última consistió en un intento de infiltración de militares disidentes desde territorio colombiano hacia Venezuela.
Por su participación en estas actividades, tanto Juven José como su hermano, el mayor Juvenal Sequea, fueron condenados en Colombia a seis años de prisión por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas. El pasado 4 de febrero, tras cumplir su condena, Juven José Sequea recuperó su libertad, la cual fue formalizada este lunes 9 de febrero en las oficinas del Inpec de la cárcel La Modelo, ubicada en Bogotá.
Captura inmediata y solicitud de extradición
Minutos después de quedar en libertad, las autoridades colombianas procedieron a capturar nuevamente a Sequea, esta vez en virtud de una orden de extradición solicitada formalmente por la República Bolivariana de Venezuela. La solicitud fue remitida a la Fiscalía General por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El documento judicial señala que Sequea es requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de Caracas. Las acusaciones incluyen delitos graves como traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.
Argumentos de la justicia venezolana y reacción familiar
La orden de extradición cita los argumentos presentados por la justicia venezolana, que asegura que Sequea, junto con autoridades de Estados Unidos, conspiró para intentar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta perspectiva ha generado una fuerte reacción por parte de la familia del exmilitar.
SEMANA logró comunicarse con su hermano, el mayor Juvenal Sequea, quien actualmente se encuentra privado de la libertad y próximo a cumplir su condena en Colombia. En declaraciones exclusivas, manifestó: "Cumpliré mi condena y seguramente también seré extraditado. Nos quieren poner en manos del régimen. Maduro ha hablado de nosotros, Diosdado Cabello también. Mi mamá está privada de la libertad hace cinco meses, una mujer de 71 años, por nuestra lucha".
El mayor Juvenal Sequea agregó con preocupación: "¿Cómo es posible que el presidente de Colombia se vaya a prestar para llevarnos allá y ponernos en manos del régimen? Es un tema político. Saben que nos van a torturar". Estas declaraciones reflejan el temor de la familia ante la posibilidad de que ambos hermanos sean extraditados a Venezuela.
Procedimiento legal y situación actual
La captura y la medida decretada serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia de Colombia, así como a las autoridades penitenciarias, con el objetivo de hacer efectiva la extradición. Este proceso implica una revisión exhaustiva de los documentos y garantías legales antes de cualquier traslado.
Actualmente, Juven José Sequea se encuentra detenido en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, a la espera de que se definan los próximos pasos en su caso. La situación ha generado un debate sobre las implicaciones políticas y humanitarias de la extradición de opositores venezolanos desde Colombia.
El caso destaca la complejidad de las relaciones internacionales y los procesos judiciales entre ambos países, especialmente en el contexto de la diáspora venezolana y la persecución política. Las autoridades colombianas deberán balancear los compromisos legales con las consideraciones sobre derechos humanos y protección de personas en riesgo.
