El presidente Gustavo Petro ha infiltrado las instituciones gubernamentales relacionadas con la seguridad ciudadana, nombrando a camaradas del M19 en la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Migración Colombia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En estas entidades se ha expulsado al personal técnico calificado para reemplazarlo por personas sin conocimiento ni experiencia, pero con lealtad ideológica y complicidad aseguradas.
La UNP, la más afectada
Una de las entidades más golpeadas ha sido la UNP. Con el doble objetivo de afianzar a sus camaradas dentro de la institución y aumentar su caudal electoral, el Gobierno expidió los decretos 19 y 20 de 2026, que son gravísimos. Estos pretenden desplazar al personal profesional y especializado para insertar de manera permanente a los camaradas improvisados, inexpertos y poco confiables que han ido introduciendo. De esta forma, el próximo Gobierno se encontraría con un hecho consumado, sin posibilidad de recuperar al personal profesional perdido ni reemplazar a los recién nombrados.
Operación similar en otras instituciones
Esta operación es similar a la realizada en otras entidades gubernamentales: reducir la calidad y experiencia exigida para los cargos, permitiendo el nombramiento de personas sin mérito pero leales política e ideológicamente.
La protección personal es una función especializada
La protección personal es una función especializada, técnica y excepcional que se activa ante un riesgo individualizado y extraordinario. Por ello, no admite estándares mínimos; exige idoneidad reforzada, ya que cualquier falla tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida. Eliminar o disminuir los estándares mínimos, como pretende el Gobierno, es inconstitucional e ilegal. Atenta contra el cumplimiento de la función de protección y, peor aún, pone en peligro a los ciudadanos amenazados.
Consecuencias de los decretos 19 y 20
Los decretos 19 y 20 reducen requisitos, disminuyen la idoneidad técnica, precarizan las condiciones laborales, excluyen al personal experto, permiten la vinculación sin concurso y amplían la discrecionalidad administrativa en los nombramientos. En un contexto electoral, politizan la UNP, debilitan el servicio de protección, incrementan el riesgo para las personas protegidas y afectan a la oposición, las instituciones (Congreso, jueces, etc.) y los líderes sociales que deben ser protegidos.
Medidas necesarias
Lo que quiere hacer Petro en la UNP es aún más grave que lo que ya ha hecho en otras entidades. Es necesario demandar los decretos ante los tribunales y expedir una ley que, por un lado, proteja a la institución y al personal calificado de la UNP de las arremetidas y la manipulación de la izquierda extrema, y por otro, reconozca su calidad de alto riesgo y asegure los ingresos, el bienestar y la estabilidad que merece ese personal.
