Narcobienes en peligro: Norma cuestionada judicialmente amenaza devolución masiva
Desde hace dos semanas, diversas entidades oficiales han iniciado inventarios exhaustivos para determinar cuántos bienes incautados a peligrosos capos del narcotráfico, aliados del narcoparamilitarismo y operadores de redes corruptas podrían verse afectados por una directriz gubernamental actualmente impugnada ante el Consejo de Estado.
Una norma bajo la lupa judicial
La normativa, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro al inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, establece que a los bienes en proceso de extinción de dominio no se les aplica la caducidad de diez años de las medidas cautelares, creando una excepción a lo que establece la ley general. Bajo este paraguas legal, más de 19.800 bienes valorados en 6,7 millones de pesos permanecían incautados y bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras la Fiscalía y los jueces avanzaban en complejos procesos de extinción de dominio.
El efecto inmediato de esta situación es que apoderados y herederos de delincuentes procesados podrían comenzar a solicitar la devolución de inmuebles, sociedades, avionetas, cabezas de ganado y haciendas, mientras la Fiscalía se ve obligada a presentar nuevamente solicitudes de medidas cautelares. Entre los bienes afectados se encuentran propiedades de conocidas figuras como Enilce López, alias 'La Gata', hasta fortunas de antiguos cabecillas del cartel de Cali, pasando por lavadores de activos y socios del 'Clan del Golfo'.
Impacto significativo en el patrimonio incautado
Para dimensionar la gravedad de esta situación, basta señalar que los bienes potencialmente afectados representan más del 56% del total administrado por la SAE. Esta circunstancia ha generado alarma entre las entidades responsables de estos procesos, quienes temen que años de trabajo investigativo y judicial puedan verse comprometidos por este vacío legal.
La norma no solo fue demandada ante el Consejo de Estado con el argumento de que una directriz de un superintendente no puede modificar una ley de la República, sino que además sus efectos fueron suspendidos desde el año pasado hasta que se tome una decisión de fondo. Esta suspensión ha desencadenado un pánico legal entre las entidades que manejan estos procesos y bienes incautados.
Medidas preventivas y alertas tempranas
La Superintendencia de Notariado y Registro ya envió una circular advirtiendo a los registradores de todo el país que la norma está congelada. Posteriormente, expidió un instructivo para alertar a la Fiscalía y a la SAE en caso de que alguien presente solicitudes de devolución. Sin embargo, para muchos expertos, estas medidas resultan insuficientes ante la avalancha de peticiones que se anticipa.
Lo más preocupante, según analistas jurídicos, es que existe una alta probabilidad de que en las próximas semanas el Consejo de Estado termine anulando la directriz por completo. Aunque algunos argumentan que esto obligaría a la justicia a acelerar los procesos de extinción y no prolongar indefinidamente las medidas cautelares, la realidad es que actualmente no existen mecanismos eficientes para resolver el cúmulo de expedientes pendientes.
Mesas de trabajo y posibles soluciones
Ni la Fiscalía ni la SAE se han pronunciado oficialmente sobre este delicado asunto, pero se han establecido mesas de trabajo lideradas por la Superintendencia de Notariado con el objetivo de evitar que procesos judiciales de años queden afectados por este cuadro legal. El temor principal es que lujosos bienes incautados regresen a manos de testaferros o herederos de procesados.
No se descarta que el Consejo de Estado pueda emitir algún tipo de salvavidas jurídico para que los efectos de una eventual anulación no sean inmediatos. En cualquier caso, estamos ante un asunto de enormes implicaciones que no puede convertirse en una burla al sistema de justicia ni dar sorpresas que beneficien a estructuras criminales.
Las autoridades trabajan contra reloj para establecer alertas que frenen devoluciones masivas y expedir en tiempo récord nuevas medidas cautelares, pero el panorama sigue siendo complejo y lleno de incertidumbre jurídica.
