Disminución drástica en operativos militares contra el narcotráfico marítimo
La campaña de bombardeos selectivos de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en aguas del Caribe y el océano Pacífico ha experimentado una notable reducción de intensidad durante el presente año 2026. En los primeros 45 días del año, solamente se han registrado tres ataques contra este tipo de lanchas rápidas, lo que representa un contraste significativo con los 35 operativos ejecutados entre septiembre y diciembre del año anterior.
Cifras que revelan un cambio de tendencia
El último ataque confirmado ocurrió el pasado 9 de febrero en aguas del Pacífico, resultando en la muerte de dos personas y con reportes de un posible sobreviviente. Esta cifra mínima se opone radicalmente a los 14 bombardeos registrados en diciembre, 7 en noviembre, 11 en octubre y los 3 iniciales de septiembre, cuando la administración del presidente Donald Trump inició formalmente esta controvertida campaña militar.
Un dato particularmente revelador es que desde el 6 de noviembre no se han vuelto a registrar operativos en el mar Caribe, la zona donde comenzaron los ataques y donde se concentraba el grueso del despliegue militar estadounidense. En total, la campaña ha dejado un saldo de 38 ataques confirmados con al menos 129 víctimas mortales, distribuidos en 25 operaciones en el Pacífico, 11 en el Caribe y 2 en ubicaciones no verificadas.
Explicaciones oficiales y análisis de expertos
Funcionarios de la administración Trump atribuyen esta disminución a un efecto disuasivo logrado por la campaña. "Los carteles han detenido o reducido sus envíos marítimos por temor a ser destruidos. Cuando saben que vamos a responder con fuerza, se esconden", afirmó recientemente el presidente estadounidense al ser consultado sobre el tema.
Sin embargo, analistas en Washington advierten sobre posibles cambios tácticos por parte de las organizaciones criminales. Datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) muestran que las incautaciones de cocaína y metanfetaminas en la frontera sur no han disminuido proporcionalmente al descenso de operaciones marítimas, e incluso han aumentado ligeramente en algunos sectores comparados con el mismo periodo del año anterior.
Expertos en seguridad señalan que, ante el riesgo creciente en aguas del Caribe y Pacífico oriental, los cárteles podrían estar privilegiando corredores terrestres a través de Centroamérica y México, donde el control depende más de autoridades locales y donde el uso de bombardeos no ha sido una opción implementada hasta ahora.
Despliegue militar y cuestionamientos
La operación inició formalmente el 2 de septiembre cuando la Casa Blanca anunció que Estados Unidos entraba en una nueva fase de "conflicto armado" contra los carteles. El Pentágono ordenó el despliegue de un grupo anfibio encabezado por un buque de asalto, varios destructores con capacidad de misiles guiados, embarcaciones de apoyo logístico, aviones de vigilancia marítima P-8 Poseidon y drones de largo alcance, además de efectivos de operaciones especiales y guardacostas.
Funcionarios de Defensa justificaron la magnitud del despliegue argumentando que el narcotráfico marítimo hacia Estados Unidos se había sofisticado y requería "superioridad persistente" en aguas internacionales. "Estamos negando espacios marítimos a organizaciones que durante años han operado con impunidad", declaró en octubre el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Costos operativos y prioridades estratégicas
La sostenibilidad de la operación plantea interrogantes significativos. Mantener un grupo naval de esta magnitud conlleva costos extraordinarios: operar un destructor de la clase Arleigh Burke puede costar entre 60.000 y 80.000 dólares por hora, mientras que un grupo anfibio completo puede superar fácilmente varios millones de dólares diarios.
Fuentes del Pentágono reconocen que el despliegue en el Caribe compite por recursos con otras prioridades estratégicas globales. Las tensiones recientes con Irán en el Golfo Pérsico han obligado a reforzar la presencia naval en esa región, y existe la posibilidad de que Washington requiera activos adicionales para imponer o endurecer embargos petroleros contra Venezuela y Cuba.
Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso advierte que la demanda global de la Marina excede el número de plataformas disponibles, lo que obliga a priorizar teatros de operación. "La Marina tiene una demanda global que excede su capacidad. Cada barco en el Caribe es un barco que no está en el Indo-Pacífico ni en el Golfo. Es un tema de prioridades", explicó un experto con amplia experiencia en despliegue de fuerzas militares.
Cuestionamientos legales y diplomáticos
La campaña enfrenta además cuestionamientos legales y diplomáticos sustanciales. Naciones Unidas, otros organismos internacionales, ONG y congresistas estadounidenses han advertido que los ataques letales contra embarcaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si no existe un proceso judicial previo ni una amenaza inminente comprobada.
La administración Trump ha rechazado consistentemente estas críticas, sosteniendo que actúa en defensa propia dentro del marco de un conflicto armado contra organizaciones que califica como "narcoterroristas". Mientras tanto, el panorama sobre la efectividad real de la campaña para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos sigue siendo mixto y sujeto a interpretaciones contradictorias entre funcionarios gubernamentales y analistas independientes.
