Los secretos del escándalo de las chuzadas salen a la luz
SEMANA obtuvo acceso exclusivo a más de 200 folios con las declaraciones judiciales de dos protagonistas centrales de la red de interceptaciones ilegales que conmocionó al país. El contenido de estos documentos revela la impresionante dimensión y alcance de esta organización criminal dedicada al espionaje masivo.
Los protagonistas de la trama
Marialicia Pinzón, ingeniera de sistemas considerada la hacker del grupo, y el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, director de la empresa de seguridad JHS Consultores, forman parte del grupo de seis capturados por la Fiscalía. Sus testimonios detallan una operación que funcionó durante 14 años desde Ipiales, Nariño, con conexiones en las más altas esferas del poder.
La lista de víctimas incluyó al entonces presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Óscar Naranjo, magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), congresistas y centenares de empresas y personas. Agentes de la DEA estadounidense y la inteligencia ecuatoriana también contrataron servicios de esta red, según las declaraciones.
Los inicios del espionaje
Marialicia Pinzón narró cómo fue reclutada en diciembre de 2004 por el entonces capitán Alexánder Parga, oficial de inteligencia militar. "Nos reuníamos en el negocio de mi papá, un almacén de distribución de llantas", contó la hacker. Inicialmente realizaba trabajos técnicos como acceder a cuentas de correo electrónico para la inteligencia militar.
Durante los años siguientes, continuó realizando labores ilegales para diversos oficiales del Ejército, incluyendo a Martín Fernando Nieto, quien llegó a ser director de la Central de Inteligencia Militar (Cime). Nieto incluso viajó tres veces a Ipiales para conocer el sistema desarrollado por Pinzón, al que bautizó como "proyecto sembrador".
La dimensión política del escándalo
Uno de los aspectos más graves revelados en las declaraciones es el plan para investigar a las más altas figuras del gobierno nacional. Según el coronel Salinas, a comienzos de 2018 recibió una solicitud para realizar "un estudio de seguridad" que incluía 36 nombres de personalidades políticas.
"Ahí estaba el presidente de la república, los hijos, el vicepresidente, magistrados de la JEP, me imagino, Roy Barreras...", declaró Salinas, quien aseguró que el contacto provenía de una persona vinculada al Centro Democrático. Aunque según su versión el trabajo no se concretó, la mera existencia de esta solicitud revela la gravedad del caso.
Los casos VIP
La hacker Pinzón confirmó que el coronel Salinas le comentó sobre la intención de investigar al entonces presidente Santos y su círculo más cercano. En una reunión en Cali el 25 de marzo de 2018, le hablaron del proyecto "Carpetas" que buscaba números de cédula de personas del gabinete presidencial.
El senador Armando Benedetti aparece como otro cliente de la red. Según Salinas, el congresista pagó al menos 4 millones de pesos para hacer seguimientos a los abogados Jaime Lombana, Jaime Granados y al fiscal Néstor Humberto Martínez. La información recopilada se almacenaba en carpetas identificadas como "Barbas" y "Gordos".
Conexiones internacionales
Las declaraciones revelan que la red prestó servicios a agencias extranjeras. El coronel Salinas contó cómo presentó las capacidades de Pinzón ante un agente de la DEA apellidado Fernández, quien quedó impresionado cuando la hacker localizó a su esposa en la embajada de Estados Unidos en Rusia.
Posteriormente, la DEA solicitó ayuda para encontrar al hijo desaparecido de un oficial militar estadounidense en Rusia. Pinzón logró ubicarlo en un parque de Cincinnati, Estados Unidos, demostrando capacidades que sorprendieron a las agencias norteamericanas.
Los vínculos con Ecuador
La red también estableció contactos con la inteligencia ecuatoriana. Según los testimonios, funcionarios de ese país contrataron servicios para intentar localizar al guerrillero disidente alias Guacho, responsable de secuestros en la frontera.
Pinzón narró reuniones entre Salinas, el general Guatibonza y militares ecuatorianos, incluyendo viajes a Quito. "Confirmo que sí conozco que estaban ofreciendo servicios en Ecuador", declaró la hacker, quien mencionó que estos trabajos afectaron incluso los pagos que recibía.
El polémico agente del CTI
Uno de los aspectos más inquietantes revelados es la relación de la hacker con Álex Chamorro, un supuesto agente del CTI de Pasto. Según Pinzón, Chamorro la obligó a realizar trabajos ilegales que incluían espiar a sus propios compañeros de la Fiscalía y recolectar información política.
La hacker detalló cómo Chamorro la amenazó de muerte cuando no pudo devolver 9.2 millones de pesos relacionados con un trabajo para narcotraficantes ecuatorianos. Como pago alternativo, le exigió información sobre el alcalde de Ipiales y el representante a la Cámara Gustavo Estupiñán.
Actualización judicial
Mediante sentencia de primera instancia del 10 de abril de 2025, el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá absolvió a Carlos Eduardo Arenas Valero, Julián Villaraga y Humberto Guatibonza de los cargos presentados por la Fiscalía. El ente investigador apeló la decisión solamente respecto a la absolución de Guatibonza, por lo que el proceso subió al Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que declaró la preclusión del caso por prescripción.
Estas revelaciones confirman que el escándalo de las chuzadas involucró a múltiples actores del Estado, empresas de seguridad privada, políticos y agencias internacionales, dejando en evidencia las profundas vulnerabilidades en materia de seguridad y privacidad en Colombia.
