La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado su rotundo rechazo ante los denominados "juicios" realizados por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en contra de cuatro miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes se encuentran secuestrados en el departamento de Arauca. El organismo internacional calificó estas acciones como una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y exigió la libertad inmediata e incondicional de los cautivos.
Detalles del secuestro y las condenas arbitrarias
Las víctimas de este hecho son Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), quienes fueron "sentenciados" a 60 y 55 meses de prisión, respectivamente. Asimismo, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía, recibieron una condena de 36 meses de privación de la libertad. Estas decisiones fueron tomadas de manera unilateral por el grupo armado ilegal, sin ningún tipo de garantía procesal.
Reacción de la ONU Derechos Humanos
A través de su cuenta en la red social X, la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia emitió un comunicado en el que "urge al ELN la libertad inmediata y sin condiciones, respetando la vida y los derechos humanos, de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez". El organismo internacional recalcó que "la privación arbitraria de la libertad y la imposición arbitraria de penas constituyen graves infracciones del DIH, de acuerdo con el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que rige para los conflictos no internacionales". Asimismo, subrayó que ningún grupo armado no estatal está facultado para privar de libertad o imponer sentencias.
Posición de la Fiscalía y la Corte Suprema
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que recordaron que Colombia es un Estado social de derecho regido por la Constitución de 1991, la cual establece que los únicos entes autorizados para juzgar a una persona son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado. Ambas entidades "reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza". Además, agradecieron a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos.
Rechazo de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones
La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó los hechos como inadmisibles y señaló que "la libertad debería haber sido inmediata, el hecho de que hayan hecho una especie de juicio no lo valida". Instó al Gobierno nacional a prestar atención directa a las familias de los secuestrados y a extender los canales humanitarios para lograr su liberación. Organizaciones como la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también se pronunciaron. Indepaz, a través de su cuenta en X, explicó que se trata de "prácticas arbitrarias y degradantes, propias de los sistemas de poder más autoritarios y violentas", y que "constituyen una forma de sometimiento físico y psicológico contra personas retenidas bajo amenaza permanente de daño y fusilamiento, aisladas de sus familias y privadas de las mínimas garantías fundamentales".
Contexto de la crisis de seguridad en Colombia
Este hecho se produce en medio de una crisis de seguridad en Colombia, donde recientemente se ha informado de la salida de 49 coroneles y mayores de las Fuerzas Militares, así como de otros 30 oficiales tras una nueva decisión del Ministerio de Defensa. Asimismo, se ha reportado el regreso al país de un excapo del Cartel de Medellín tras nueve años en Estados Unidos, y la compleja logística para el traslado de hipopótamos de Colombia a India. En otro frente, estudiantes universitarios de Buenaventura tomaron la sede del Ministerio de Educación en Bogotá en protesta por diversas demandas. La situación en Arauca sigue siendo crítica, y las autoridades mantienen los canales humanitarios abiertos para lograr la liberación de los secuestrados.
