Durante el sábado 2 de mayo, comunidades indígenas en Colombia fueron nuevamente blanco de hostigamientos en el contexto del conflicto armado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el pueblo Nasa en Putumayo sufrió el ingreso de hombres armados y la instalación de un retén ilegal por parte de los Comandos de la Frontera (CDF).
Incursión en el resguardo Jerusalén
El primer hecho ocurrió en el territorio del pueblo Nasa, dentro del resguardo Jerusalén, ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Aproximadamente a las 5:30 p. m., hombres armados ingresaron en tres motocicletas.
Retén ilegal en San Luis Alto Picudito
El segundo incidente se presentó ese mismo día, alrededor de las 8:00 p. m., cuando integrantes del grupo instalaron un retén ilegal en el resguardo San Luis Alto Picudito. Allí, un comunero del pueblo Nasa fue retenido, interrogado y obligado a entregar su teléfono celular para su revisión. Según la Comisión, los hombres armados le advirtieron que estaba prohibido transitar durante la noche.
Antecedentes de violencia en la región
La organización también señaló que el pasado 25 de abril, campesinos de los caseríos Sinaí y Simón Bolívar, en el municipio de Argelia, Cauca, fueron retenidos durante 24 horas por integrantes de la misma estructura armada.
La Comisión denunció que estos hechos ocurren a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la zona, con un puesto de la Policía Nacional en Puerto Umbría y la Brigada de Selva No. 27, encargada de la seguridad del pozo Agapanto, operado por la empresa Emerald Energy.
Control territorial de los Comandos de la Frontera
“Desde inicios de 2026, sujetos armados de los CDF han fortalecido su presencia y control en la zona campesina y en el resguardo Nasa de San Luis, imponiendo la obligación de asistir a reuniones y restricciones a la libre movilidad”, expresó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La organización manifestó su preocupación por estos hechos y advirtió que no existen respuestas concretas que garanticen la protección de las comunidades campesinas e indígenas de la región.
Llamado a la política de paz total
“Es urgente que, en el marco de la política de 'paz total', la Consejería Presidencial para la Paz garantice el respeto de los derechos fundamentales de la población civil frente a los abusos de los grupos armados ilegales, que hoy ejercen control sobre la vida y el territorio de las comunidades”, concluyó la Comisión.
Advertencias previas de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, a través de sus Alertas Tempranas 001 de 2021 y 022 de 2022, advirtió sobre la presencia de este grupo armado ilegal en el departamento de Putumayo. Según estos informes, los Comandos de la Frontera iniciaron operaciones hacia 2020 en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo) y posteriormente extendieron su accionar hacia Curillo (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo), siguiendo rutas previamente utilizadas por la estructura conocida como Sinaloa - La Mafia.
“En ese contexto, la presente alerta destaca las dinámicas de violencia armada en la frontera entre Putumayo y Nariño, así como la afectación desproporcionada que sufren los grupos étnicos en estos escenarios”, señala la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, la entidad reportó que en 2021 los Comandos de la Frontera anunciaron su adhesión a la disidencia de las antiguas FARC-EP conocida como la ‘Segunda Marquetalia’, adoptando el nombre de Ejército Bolivariano. De acuerdo con la Alerta Temprana 022 de 2022, esta vinculación habría intensificado las disputas territoriales con el Frente 1 Carolina Ramírez.
En otro informe, la Defensoría advirtió sobre el impacto del conflicto en comunidades étnicas. En el boletín “Pueblos étnicos: entre la guerra, el olvido y la resistencia”, publicado en 2025, documentó un agravamiento de la violencia y de las emergencias humanitarias, con hechos como confinamientos y presencia de actores armados que ejercen control sobre los territorios.
