El Clan del Golfo invierte millones mensuales en su estructura salarial mientras expande su control territorial
Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha revelado datos alarmantes sobre la expansión y sofisticación financiera de los grupos armados ilegales en Colombia, con especial énfasis en el Clan del Golfo, ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.
Expansión sin precedentes de grupos armados
Según el análisis de la FIP, las principales estructuras armadas del país suman actualmente más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, alcanzando niveles similares a los registrados en 2011, cuando iniciaba el proceso de paz con las FARC.
"La naturaleza del conflicto ha cambiado radicalmente", señala el informe. "Mientras en 2011 el Estado enfrentaba una estructura centralizada como las FARC, hoy se encuentra ante un mosaico de organizaciones con lógicas operativas distintas y grados de cohesión variables."
Este crecimiento exponencial se ha acelerado particularmente entre 2023 y 2025, con el Clan del Golfo y diversas facciones disidentes incrementando significativamente su pie de fuerza y control territorial.
Estructura salarial millonaria del Clan del Golfo
Uno de los hallazgos más impactantes del informe detalla la estructura salarial interna del Clan del Golfo, que destina aproximadamente 1,5 millones de dólares mensuales (equivalente a cerca de 6.000 millones de pesos colombianos) al pago de nóminas.
La distribución salarial según la FIP sería:
- Comandante de frente: 17 millones de pesos mensuales
- Segundo comandante: 12 millones de pesos
- Responsable administrativo: 10 millones de pesos
- Encargado político: 5 millones de pesos
- Cabecilla de zona urbana: 3,5 millones de pesos
- Patrullero armado: 2,2 millones de pesos
- Campaneros: 1,5 millones de pesos
Redes de apoyo duplican a combatientes armados
El informe destaca que el número de integrantes en redes de apoyo y colaboración del Clan del Golfo duplica al de hombres directamente armados, lo que explica en gran medida su capacidad para ejercer control territorial sin necesidad de grandes agrupamientos militares.
"Estas redes cumplen funciones críticas de vigilancia, inteligencia, regulación de actividades legales e ilegales, cobro de extorsiones y administración de normas locales", explica el documento.
Esta estrategia organizacional dificulta la distinción entre combatientes y civiles, reduciendo la efectividad táctica de las operaciones de seguridad del Estado.
Presión sobre economías ilegales y disputas territoriales
Mantener estas estructuras requiere altos niveles de liquidez, lo que incrementa la presión sobre economías ilegales como:
- Narcotráfico
- Minería ilegal
- Extorsión sistemática
La FIP registra al menos 13 zonas de disputa activa en 2025, frente a solo seis en 2022, evidenciando la creciente fragmentación y competencia entre grupos armados.
El crecimiento no fue inmediato tras la desmovilización de las FARC, sino que comenzó con el reacomodo criminal entre 2017 y 2018, cuando el ELN y las disidencias absorbieron combatientes no acogidos al acuerdo, reincidentes y nuevos reclutas, además de economías ilegales que quedaron sin control definido.
"Hoy, gran parte del mapa rural aparece distribuido entre grupos armados", concluye el informe, señalando un preocupante retroceso en la seguridad territorial del país.
