Militares enfrentan cargos por muerte de campesino en operación contra el ELN
En el año 2017, un operativo militar en el departamento de Bolívar terminó con la muerte de un campesino y heridas a otro, en circunstancias que ahora han llevado a la Fiscalía a acusar a cuatro uniformados. Los hechos ocurrieron en la zona rural del municipio de Arenal, donde tropas de élite buscaban a un importante líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Detalles del operativo y los acusados
Los militares involucrados pertenecían al Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, un grupo especializado en tiradores de alta precisión. Según la investigación fiscal, participaron el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Su objetivo era capturar a alias "Cusi", un dirigente del ELN que frecuentaba la región.
Durante la búsqueda, los uniformados se encontraron con dos campesinos en el área. De acuerdo con la recopilación de evidencias por parte de la Fiscalía, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a estos hombres. Cuando los civiles, contrariados por el procedimiento, intentaron huir corriendo, los militares les dispararon con sus armas reglamentarias.
Consecuencias y hallazgos de la investigación
Como resultado de los disparos, uno de los campesinos falleció en el acto, mientras que el otro sufrió heridas. La investigación posterior reveló un dato crucial: las víctimas no tenían ninguna relación con el objetivo militar. De hecho, alias "Cusi" se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después, sin que los campesinos estuvieran involucrados en actividades ilícitas.
Las autoridades judiciales han señalado que los uniformados actuaron de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos. Entre las fallas identificadas, se destaca que no adoptaron medidas adecuadas para identificarse plenamente ante los campesinos, ni garantizaron que estos entendieran y atendieran la orden de detenerse. Esto, según la Fiscalía, constituye una violación a los procedimientos operativos estándar.
Acusaciones y contexto legal
Los cuatro militares han sido acusados formalmente como presuntos responsables de causar la muerte del campesino el 9 de abril de 2017. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los imputó por el delito de homicidio en persona protegida, un cargo que refleja la gravedad de los hechos en el marco del conflicto armado.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de operaciones militares en zonas rurales de Colombia, donde a menudo se reportan incidentes que involucran a civiles. La Fiscalía ha enfatizado la importancia de respetar los derechos humanos y seguir los protocolos, incluso en misiones de alto riesgo contra grupos armados ilegales como el ELN.
El municipio de Arenal, en Bolívar, ha sido históricamente una zona de influencia de grupos armados, lo que complica las operaciones de seguridad. Sin embargo, las autoridades insisten en que esto no justifica acciones fuera de la ley, y el caso sigue su curso en el sistema judicial colombiano, con posibles implicaciones para futuras operaciones militares.
