JEP analiza autorización de desminado en Meta con participación de exjefes de Farc y centenares de víctimas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra evaluando la posibilidad de autorizar trabajos de desminado humanitario en el departamento del Meta, una iniciativa que contaría con la participación directa de los siete exjefes del antiguo secretariado de las Farc y 345 víctimas que han manifestado su disposición a colaborar en actividades restaurativas. Esta decisión se produce mientras la Sección de Apelación resuelve 13 recursos interpuestos contra la sentencia emitida por el caso de secuestros, la cual documentó más de 21.000 secuestros cometidos durante dos décadas por la antigua guerrilla.
Proceso de evaluación y condiciones establecidas
El magistrado Camilo Suárez, ponente de la decisión, explicó en diálogo con medios que la JEP revisa específicamente la continuidad de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR) de manera anticipada. "Estamos revisando si autorizamos la continuidad de estos trabajos, particularmente en desminado humanitario y búsqueda de personas desaparecidas", señaló Suárez, quien destacó que esta evaluación ocurre paralelamente a la resolución de las apelaciones que, por mandato legal, tienen efecto suspensivo sobre la sentencia.
Los exjefes guerrilleros, incluyendo a Rodrigo Londoño 'Timochenko', ya han realizado trabajos anticipados de reconocimiento y petición de perdón, lo cual fue considerado en la sentencia para efectos de descuento en las sanciones. Actualmente, la JEP trabaja en proyectos anticipados relacionados con desminado y búsqueda de desaparecidos, garantizando la centralidad de las víctimas y con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Metodología y seguridad en el desminado
El proceso de desminado no se limita a la remoción física de artefactos. Según explicó el magistrado Suárez, comprende varias etapas fundamentales:
- Georreferenciación y cartografía: Identificación precisa de las ubicaciones donde fueron instaladas las minas.
- Ubicación en terreno: Trabajo directo en los sitios identificados.
- Pedagogía y prevención: Componente educativo sobre riesgos de minas antipersonales.
Para realizar estas actividades, los participantes requieren capacitación y acreditación especializada, ya que se trata de labores de alto riesgo que no pueden ser ejecutadas por cualquier persona, ni siquiera por militares sin la preparación adecuada. La JEP ya ha tenido experiencias previas en Antioquia con comparecientes de las Farc y miembros de la fuerza pública trabajando conjuntamente en capacitación e información preventiva.
Mecanismos de control y financiación
La sentencia establece que los exjefes deben permanecer en espacios geográficos determinados, generalmente municipios específicos según la georreferenciación realizada, donde deben cumplir condiciones de habitabilidad y trabajo. El control de estas actividades recae en múltiples instancias:
- La Sección de la JEP: Encargada de verificar el cumplimiento de la sentencia.
- La Secretaría Ejecutiva: Con personal especializado en seguimiento.
- Control social: Participación activa de víctimas y comunidades locales.
- Dispositivos electrónicos: Uso de tecnología que permite monitoreo en tiempo real de la ubicación de los comparecientes.
La financiación de estas actividades y las condiciones de los participantes (vivienda, alimentación, seguridad) corresponde a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), conforme al Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno nacional ha situado 20.000 millones de pesos para este fin, con otra fuente adicional de 30.000 millones, recursos que son administrados exclusivamente por la ARN sin intervención de la JEP.
Desafíos en un territorio con conflicto activo
La aplicación de justicia transicional en el Meta presenta desafíos particulares debido a la presencia de disidencias y la continuidad del conflicto armado en algunas zonas. El magistrado Suárez reconoció esta complejidad: "Aplicar justicia transicional en un país que todavía está en conflicto es lo más difícil". La JEP ha tenido que reconfigurar trabajos ante manifestaciones de amenazas y riesgos por parte de los comparecientes, verificando condiciones de seguridad antes de avanzar en cada actividad.
Respecto a la participación política de los exjefes durante el cumplimiento de las sanciones, Suárez aclaró que la Constitución y la ley estatutaria establecen que la sanción no inhabilita para actividades políticas. Sin embargo, la JEP ha realizado una ponderación donde prima el cumplimiento de la sentencia, permitiendo que, por ejemplo, si trabajan cinco días en los TOAR, puedan destinar otro día a actividades políticas, siempre garantizando la implementación del Acuerdo de Paz.
Perspectivas futuras y mensaje final
El magistrado enfatizó que este modelo de justicia "no es vengativo" sino que busca sanar a la sociedad, estableciendo responsabilidades y ofreciendo respuestas a las víctimas. Sobre las apelaciones pendientes, señaló que la segunda instancia "refuerza y blinda las decisiones", representando un sello de seguridad jurídica tanto para los comparecientes como para las víctimas.
Finalmente, Suárez recordó que los exjefes están sometidos a varios macrocasos en la JEP, y aunque nuevas sentencias podrían implicar proyectos restaurativos adicionales, la ley establece un límite máximo de ocho años para las sanciones, sin que se agote el compromiso con la verdad en cada proceso.
