El fantasma del racionamiento energético vuelve a aparecer sobre Colombia. Un informe de Bancolombia advierte que la combinación entre el posible regreso del Fenómeno de El Niño, la caída en la producción nacional de gas y los retrasos estructurales en proyectos energéticos está aumentando la vulnerabilidad del sistema energético del país.
Aunque los expertos no hablan de apagones inmediatos, sí alertan sobre mayores costos, menor confiabilidad y posibles medidas extraordinarias para garantizar el suministro en los próximos años. El sistema enfrenta un desbalance cada vez más evidente entre una demanda de energía que sigue creciendo y una capacidad de expansión que avanza con lentitud.
A esto se suman presiones internacionales sobre el mercado del petróleo y el gas, así como un entorno económico más frágil para Colombia, factores que podrían terminar jugando en contra del bolsillo de los colombianos.
El Fenómeno de El Niño vuelve a encender alertas energéticas
Uno de los focos centrales del informe es el riesgo climático asociado al posible desarrollo de un nuevo Fenómeno de El Niño durante 2026. Bancolombia cita proyecciones del Ideam y NOAA que apuntan a una probabilidad cercana al 70% de formación del fenómeno entre mayo y julio del próximo año y superior al 90% hacia agosto y septiembre.
La preocupación es especialmente alta debido a la fuerte dependencia de Colombia de la generación hidroeléctrica. Un escenario de sequías prolongadas podría reducir las reservas hídricas y obligar al sistema a depender más de plantas térmicas, cuyo funcionamiento requiere combustibles como gas natural.
El informe recuerda que Colombia ya ha atravesado episodios de alta tensión energética durante fenómenos climáticos anteriores y advierte que el contexto actual presenta nuevos factores de presión. Aunque el país cuenta hoy con una mayor capacidad instalada frente a años recientes y ha incorporado más de 2.800 megavatios solares, el documento insiste en que persisten vulnerabilidades estructurales.
La caída del gas se convierte en el punto más débil del sistema
Para Bancolombia, el principal riesgo energético del país ya no está únicamente en el agua, sino en el suministro de gas natural. La producción comercializada de gas ha caído cerca de 35% en apenas tres años, mientras Colombia depende cada vez más de las importaciones para cubrir la demanda interna.
El cambio ha sido acelerado. Según el informe, las compras externas de gas pasaron de ser marginales en 2022 a representar cerca del 24% del consumo doméstico en 2026. Además, el gas importado cuesta cerca de 77% más que el nacional, un factor que podría trasladarse a mayores costos de generación y eventualmente a presiones sobre tarifas energéticas.
La situación se vuelve todavía más sensible en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. El conflicto en Medio Oriente podría encarecer aún más el gas natural licuado (GNL), elevando la presión sobre un sistema que ya enfrenta dificultades internas.
El informe también identifica retrasos regulatorios, trámites ambientales, problemas de financiación, limitaciones en redes y conflictividad social como algunos de los factores que han frenado el avance de proyectos energéticos.
La demanda de energía crece más rápido que la capacidad del país
Otro de los hallazgos relevantes del análisis es el crecimiento acelerado del consumo energético en Colombia. Bancolombia señala que la demanda viene aumentando a tasas superiores al 6,7% anual y cita proyecciones de la UPME según las cuales el consumo energético crecería hasta 17% entre 2025 y 2029.
Ese ritmo supera incluso las expectativas de crecimiento económico para el mismo periodo, lo que evidencia una presión creciente sobre la infraestructura energética nacional. El informe sostiene que el país todavía no logra desarrollar una capacidad suficiente y confiable para responder a ese aumento del consumo.
Por último, el deterioro del entorno económico también aparece como un elemento de preocupación. Los analistas advierten señales de fragilidad asociadas a menor inversión, caída en la confianza del consumidor y deterioro en la disposición de compra de vivienda y vehículos.
