Procuraduría exige acción inmediata ante crisis climática nacional
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una directiva de carácter urgente que obliga a todas las entidades territoriales a implementar medidas contundentes frente a la grave emergencia climática que afecta al país. A través de la Directiva 006 de 2026, el organismo de control ha establecido un marco de acción obligatorio para enfrentar los impactos devastadores de la variabilidad climática.
Impacto devastador en cifras concretas
Según los datos más recientes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, durante el presente año se han registrado 228 eventos climáticos significativos que han impactado directamente a 161 municipios colombianos. La dimensión humana de esta tragedia se refleja en las más de 27.000 familias afectadas, cuyas vidas han sido alteradas por las condiciones meteorológicas extremas.
El departamento de Córdoba lidera esta trágica estadística con aproximadamente 78.000 personas afectadas, seguido por Sucre con 14.000 damnificados y La Guajira con 11.000 ciudadanos impactados. Estas cifras preliminares evidencian la magnitud de la crisis que enfrentan las regiones colombianas.
Advertencia científica y riesgo nacional
La Procuraduría ha basado su directiva en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ideam, documento que revela datos alarmantes: 20 de los 32 departamentos del país presentan alto riesgo climático. En estas zonas vulnerables habita el 57% de la población colombiana y se concentra el 69% del Producto Interno Bruto nacional.
"El documento refleja en los municipios un 100% de riesgo asociado al cambio climático, incluyendo movimientos en masa, avenidas torrenciales, incendios forestales, disminución de caudales, erosión costera y aumento del nivel del mar", advierte textualmente la directiva procuradurial.
Responsabilidades claras y consecuencias por omisión
El procurador general, Gregorio Eljach, ha sido enfático al señalar que la omisión o demora injustificada en la adopción de medidas de gestión del riesgo puede acarrear responsabilidad disciplinaria para las autoridades. El funcionario ha reiterado la obligación constitucional de garantizar derechos fundamentales como:
- Ambiente sano
- Acceso a agua potable
- Vivienda digna
- Seguridad alimentaria
Medidas específicas y obligatorias
La directiva establece un conjunto de acciones concretas que los entes territoriales deben implementar de manera inmediata:
- Realizar inventario completo de zonas de alto riesgo no mitigable
- Incorporar la determinante del riesgo en los instrumentos de planificación territorial
- Articular los planes municipales con los departamentales de gestión del riesgo
- Planear y ejecutar obras de mitigación prioritarias
- Implementar sistemas de monitoreo y alertas tempranas actualizados
- Aplicar el principio de coordinación inmediata entre niveles territoriales
- Priorizar la atención a poblaciones vulnerables con enfoque diferencial
- Elaborar y actualizar registros de damnificados garantizando servicios básicos
- Prohibir reubicación y reconstrucción en zonas de riesgo identificadas
- Garantizar acceso a vivienda digna y medios de subsistencia
- Vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y principios constitucionales
Exigencia al Gobierno Nacional
Paralelamente, la Procuraduría ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional que avance en la regulación del desplazamiento forzado interno por factores ambientales, cumpliendo así con lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-123 de 2024. Esta medida busca proteger a las comunidades que se ven obligadas a abandonar sus territorios por causas climáticas.
La directiva enfatiza especialmente la necesidad de actualizar los planes de gestión del riesgo, fortalecer los sistemas de monitoreo y priorizar la atención a las poblaciones más vulnerables del país. Este llamado a la acción representa un punto de inflexión en la respuesta institucional colombiana frente a la crisis climática global.
