Presidente Petro busca reactivar emergencia económica ante crisis por ola invernal
En un movimiento crucial para enfrentar la grave crisis humanitaria desatada por la ola invernal, el presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Corte Constitucional que levante la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica. Esta petición, realizada el lunes 9 de febrero, responde a la decisión del alto tribunal del 29 de enero y busca activar recursos urgentes para mitigar los estragos en departamentos como Córdoba y Sucre, donde las inundaciones han dejado un saldo devastador.
Impacto humanitario y cifras alarmantes
La carta enviada por el mandatario, compartida públicamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, detalla las calamidades que azotan al país. Según el documento, la ola invernal ha provocado 14 personas fallecidas, 9.000 viviendas destruidas y más de 300.000 personas afectadas solo en Córdoba y Sucre. Petro enfatizó en su misiva: "les escribo desde la responsabilidad concreta de gobernar en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas absurdas", subrayando la urgencia de la situación.
Los reportes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) amplían este panorama sombrío, registrando 131 emergencias en 104 municipios de 16 departamentos, con más de 69.000 familias damnificadas. Ante esto, el presidente anunció durante el fin de semana la necesidad de declarar una nueva emergencia económica, ambiental y social, argumentando que los recursos actuales son insuficientes para cubrir las pérdidas billonarias.
Defensa gubernamental y críticas políticas
Petro defendió la medida en sus redes sociales, diferenciándola de un decreto de desastre ya vigente. Explicó que, mientras el decreto de desastre permite solo traslados presupuestales, la emergencia económica habilita la creación de nuevos recursos, dirigidos a los sectores más ricos de la sociedad. "En el segundo se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad", afirmó, criticando a congresistas y magistrados que, según él, se benefician indirectamente del desastre.
Sin embargo, la candidata presidencial Claudia López cuestionó la iniciativa, acusando al Gobierno de aprovechar la tragedia para revivir impuestos suspendidos por la Corte. López señaló que las inundaciones eran previsibles desde enero y que el decreto de atención de desastres, vigente desde noviembre de 2025, otorgaba facultades suficientes para prevenir la catástrofe. "El Gobierno Nacional trabaja de manera permanente y coordinada", replicó Petro, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas.
Apoyo ministerial y próximos pasos
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la solicitud, advirtiendo que la Corte Constitucional no tiene "escapatoria política" esta vez para evitar ayudar a los necesitados. Benedetti destacó que las pérdidas por inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar y otros 19 departamentos son cuantiosas y no están cubiertas en los presupuestos ministeriales.
Se espera que durante el Consejo de Ministros citado para las siete de la noche de hoy, se proporcionen más detalles sobre cómo esta emergencia económica apoyará las gestiones en las regiones afectadas. El Gobierno insiste en que la medida es esencial para abordar una tragedia en curso, mientras la oposición vigila de cerca las implicaciones fiscales y políticas de esta decisión.
