La controversia por un predio donde opera una base militar y el Clan del Golfo estaría desarrollando actividades de minería ilegal sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que contradicen la versión del Ejército.
Denuncia del New York Times
El tema salió a debate público tras una investigación del diario estadounidense The New York Times, donde se revela una “infiltración minera” en el Batallón de Infantería N.º 31 Rifles, en Antioquia. Según la denuncia del fotoperiodista Federico Ríos, la extracción de oro ocurre en el perímetro de la base militar y las imágenes captadas por drones y satélites muestran excavaciones a escasos 137 metros de las dependencias internas del batallón.
Asimismo, se dio a conocer que la operación de minería ilegal serviría como fuente de recursos para el Clan del Golfo, “permitiéndoles sostener su control territorial en el Bajo Cauca antioqueño”, indicó la emisora FM, que entrevistó a Ríos sobre la documentación del hallazgo.
De acuerdo con el relato del fotoperiodista, durante dos años hizo seguimiento a la ruta del oro hasta llegar a la zona que hoy se encuentra en el centro de la polémica y allí evidenció el uso de motores, mangueras de alta presión y mercurio. “El testimonio de un minero fue la clave: ‘¿Qué opinan ustedes de que también haya mineros trabajando dentro del batallón?’”, dijo Ríos a la FM.
El predio involucrado
El predio que hace parte del hallazgo está identificado como ‘La Mandinga’ y su ubicación es en Cáceres (Antioquia). Al respecto, la Séptima División del Ejército se pronunció e indicó que dicho inmueble tiene una extensión de 2.000 hectáreas y limita directamente con el cantón militar. El Ejército señaló que cerca de 2.500 mineros informales han ocupado ilegalmente el área, causando un daño ambiental severo e irreversible, pero aseguró que la responsabilidad administrativa del lote estaría en manos de la SAE.
Respuesta de la SAE
Tras la controversia, la SAE también se pronunció indicando que ‘La Mandinga’ no hace parte de los bienes bajo su administración. Según la Sociedad, el predio fue objeto de embargo por el Tribunal Superior de Bogotá en un proceso de Justicia y Paz, y en 2020, tras un proceso de extinción de dominio, fue transferido al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.
Las autoridades han anunciado un plan de choque contra la minería ilegal en los Farallones de Cali, mientras que la polémica por la base militar en Antioquia continúa generando reacciones.
