Un comunicado de la Alcaldía de Jamundí del pasado 22 de abril reveló el complejo entramado jurídico que enfrenta la Administración Municipal para resolver una disputa entre vecinos en el exclusivo condominio campestre Las Mercedes. El problema, que involucra al rector de la Universidad Santiago de Cali (USC), Carlos Andrés Pérez Galindo, podría tener consecuencias para varios propietarios, incluida la propia alcaldesa Paola Castillo, quien reside en el mismo conjunto.
Origen del conflicto
La controversia comenzó cuando la Secretaría de Planeación otorgó al rector de la USC una licencia de construcción para realizar obras en su propiedad. Sin embargo, la administradora del condominio, Diana Alexandra Martínez, solicitó una inspección y la revocatoria de la licencia, alegando presuntas irregularidades y violación de linderos. La defensa del rector sostiene que muchas viviendas del condominio han realizado ampliaciones similares, incluyendo la de la denunciante, por lo que exige igualdad de trato.
Denuncias y violaciones procesales
Las denuncias presentadas hasta ahora señalan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, a la contradicción, a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y a la igualdad. La defensa del rector ha denunciado penalmente a la secretaria de Planeación, Yexica Karime Obando, por fraude procesal, y disciplinariamente al inspector Fernelly Quijano ante la Procuraduría.
El 6 de marzo, funcionarios de Planeación realizaron una inspección ocular y determinaron que la obra se ajustaba a las especificaciones técnicas, pero señalaron que los aislamientos laterales y posteriores no correspondían con lo aprobado. Cuatro días antes, una inspección a la vivienda de la denunciante evidenció incumplimientos similares y obras sin licencia.
Irregularidades en el proceso
La defensa denuncia que la Secretaría de Planeación remitió el caso directamente a la Inspección Tercera, cuando debía hacerlo a la Inspección Segunda. La Inspección Tercera ordenó la suspensión de la obra, medida que la defensa considera extralimitada. Posteriormente, la Inspección Tercera dejó sin efecto su decisión y remitió el expediente a la Inspección Segunda, reconociendo la vulneración del debido proceso.
Mientras tanto, la Inspección Segunda citó al rector a una audiencia sin haberle trasladado el expediente, pese a múltiples solicitudes. La defensa solicitó la nulidad del proceso por violación del derecho de defensa y contradicción.
Implicaciones para la alcaldesa
La alcaldesa Paola Castillo, residente del condominio, deberá fallar en segunda instancia el caso. Se rumora que la decisión será sancionatoria, pero fuentes del proceso aseguran que el fallo no pondrá fin al conflicto. La defensa advierte que una interpretación errónea de los plazos podría afectar a muchos residentes.
El País intentó obtener declaraciones de la inspectora Segunda, Alejandra Janeth Jaramillo, y de la secretaria de Seguridad, Carolina Obando Gómez, sin éxito hasta el cierre de esta edición.
