El presidente Gustavo Petro emitió una directiva mediante la cual estableció lineamientos para las vocerías del Gobierno, determinando que ministros y altos funcionarios solo podrán hablar sobre asuntos de sus carteras con autorización previa del mandatario y bajo una línea institucional definida.
Directiva presidencial para la comunicación pública
El documento, fechado el 23 de abril, fija reglas para la comunicación pública de las entidades de la rama ejecutiva, con el objetivo de garantizar “unidad de mensaje, coherencia institucional y responsabilidad” en la relación con la ciudadanía y los medios.
La directiva establece que la vocería principal del Gobierno será ejercida exclusivamente por el Presidente de la República, quien será el encargado de fijar posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales.
Autorización previa y control de mensajes
Uno de los cambios centrales expuestos en la directiva es que los ministros, ministras y directores de departamentos administrativos deberán contar con autorización expresa y previa del primer mandatario para ejercer vocería oficial, incluso en temas relacionados con sus propias carteras.
Además, el documento también señala que cualquier pronunciamiento deberá ajustarse estrictamente a las orientaciones del Gobierno Nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por la Presidencia.
Esta disposición implica un mayor control sobre las declaraciones públicas de los altos funcionarios, quienes deberán articular sus mensajes previamente con el Ejecutivo para evitar contradicciones o interpretaciones divergentes.
En ese sentido, la directiva presidencial también establece que ninguna declaración podrá emitirse en nombre del Gobierno Nacional sin una coordinación previa con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Restricciones para entidades adscritas y vinculadas
El alcance de la medida se extiende a directores, gerentes y presidentes de entidades adscritas o vinculadas al Gobierno Nacional, quienes solo podrán pronunciarse sobre asuntos técnicos o propios de su competencia.
La directiva precisa que estos funcionarios no podrán abordar temas relacionados con la definición de políticas o estrategias del Gobierno, ni fijar posiciones políticas sin autorización expresa del jefe de Estado.
Este lineamiento busca delimitar el alcance de las vocerías en niveles técnicos y evitar que desde entidades descentralizadas se emitan mensajes que puedan interpretarse como posiciones oficiales del Ejecutivo.
No obstante, el documento presidencial aclara que estas restricciones se aplican sin perjuicio del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos.
Unidad de mensaje y coordinación institucional
La directiva hace énfasis en la necesidad de garantizar una comunicación alineada entre todas las entidades de la rama ejecutiva, señalando que debe existir coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en las comunicaciones públicas.
En particular, se indica que se deben evitar contradicciones o mensajes que generen desinformación o afecten la confianza ciudadana en las instituciones.
Para ello, cualquier comunicación que pueda impactar el desarrollo de las actividades del Gobierno deberá ser coordinada con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que actuará como instancia articuladora de los mensajes oficiales.
Esta disposición refuerza el papel de la Casa de Nariño como centro de control de la narrativa institucional del Gobierno Nacional, en un contexto donde la comunicación pública tiene un impacto directo en la percepción ciudadana y en los mercados.
Implicaciones para la gestión pública
La medida introduce un esquema más centralizado en la gestión de la comunicación gubernamental, al concentrar en la Presidencia la definición de mensajes y vocerías sobre los principales temas de la agenda pública.
En términos operativos, esto implica que los funcionarios deberán ajustar sus dinámicas de interacción con medios de comunicación y actores externos, incorporando procesos de validación previa antes de emitir declaraciones.
El énfasis en la “unidad de mensaje” también responde a la necesidad de evitar inconsistencias en la comunicación oficial, especialmente en temas sensibles de política económica, social o internacional.
El alcance y aplicación de estas medidas marcarán la dinámica de la comunicación oficial en los próximos meses, en un entorno donde la coordinación de mensajes se convierte en un elemento central de la gobernabilidad.
