Un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) reveló que al menos 327.196 votos en las elecciones legislativas de 2026 están bajo sospecha por presentar patrones atípicos en zonas con presencia de grupos armados. El estudio identificó 722 puestos de votación únicos en 42 municipios de 15 departamentos, donde confluyen al menos tres señales de anomalías electorales.
Mecanismos de coacción documentados
Según el informe, las irregularidades incluyen exigencia del certificado electoral bajo amenaza de sanciones, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas, presencia de armados cerca de los puestos de votación, acompañamiento de electores hasta la mesa y registro de su voto, así como constreñimiento a comunidades indígenas. Estas prácticas fueron identificadas mediante la Veeduría Entorno Electoral 2026, que contó con 126 veedores ciudadanos, y un análisis estadístico cruzado con variables territoriales de riesgo.
El director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón Monsalve, afirmó: "El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo. La observación nacional e internacional debe llegar al entorno electoral, no solo al puesto de votación".
Departamentos con más alertas
Cauca encabeza la lista con el 13,9 % de puestos atípicos y presencia armada en el 98 % de ellos. Le siguen Nariño (13,4 % y 69,8 %), Guainía (10 % y 100 %), Chocó (9,9 % y 91 %), Vaupés (9,7 % y 67,7 %), Vichada (6,8 % y 100 %), y Norte de Santander (6,3 % y 90,5 %). Geográficamente, las anomalías se concentran en el litoral Pacífico, Urabá, Catatumbo y Bajo Cauca.
Presión sobre el electorado
El 86 % de los veedores reportó situaciones inusuales en el periodo preelectoral, siendo las más frecuentes las dificultades para movilizarse (25,3 %) y los incentivos no esperados a cambio del voto (25,3 %). Además, el 91 % de los veedores indicó que no es claro quién se beneficia de la interferencia, lo que sugiere un modelo de captura por subyugación más que por adhesión militante.
El informe también documentó la transformación de la compra de votos, que ahora opera con tarifas definidas, verificación fotográfica y pago diferido contra entrega del certificado electoral. Los valores oscilaron entre 20.000 y 500.000 pesos, siendo Bajo Baudó la zona con el monto más alto.
Posible impacto en elecciones presidenciales
Los más de 300.000 votos en puestos atípicos podrían afectar la asignación de curules en circunscripciones como Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y Arauca, donde los 15.455 votos registrados superan las cifras repartidoras. También alterarían el orden por voto preferente y la supervivencia de partidos minoritarios que dependen del umbral del 3 % en Senado.
El ICP advierte que, de cara a las presidenciales, un bloque de esta magnitud podría ser decisivo en primera vuelta para definir el paso a segunda, y en segunda vuelta, dado que la diferencia en 2022 fue de cerca de 700.000 votos, estos bloques adquieren mayor peso relativo.
El informe no atribuye responsabilidades a campañas o candidatos específicos, pero insiste en que las coincidencias entre anomalías y factores de riesgo territorial ameritan seguimiento reforzado.
