Fiscalía suspende órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales de Medellín
La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión polémica al suspender, mediante resolución oficial, las órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. Esta medida se implementó como respuesta directa a un documento enviado por la Oficina del Consejero Presidencial para la Estabilidad y la Consolidación el pasado 24 de febrero de 2026.
Contexto político y controversia electoral
La suspensión de las órdenes de captura se produce en un momento especialmente delicado: exactamente dos meses antes de la primera vuelta presidencial, lo que ha generado intensos debates en el ámbito político colombiano. Diversos sectores han cuestionado la oportunidad y los motivos detrás de esta decisión gubernamental.
Según fuentes oficiales consultadas por este medio, la solicitud del Gobierno Nacional se fundamenta en un plan gradual para desmantelar estructuras criminales, transformar sus economías ilegales y reducir progresivamente las violencias urbanas. Este enfoque incluye acuerdos que facilitarían la rendición de miembros de estas organizaciones ante la justicia.
Reacciones políticas contundentes
Desde el uribismo, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia expresó su firme desacuerdo con la medida, argumentando que responde a "fines electorales claros". Valencia señaló: "Es gravísimo que este gobierno insista en liberar criminales. Hay que recordar que el Pacto Histórico obtuvo más del 54% de los votos en zonas de alta peligrosidad. Ahora liberan cabecillas criminales como antes liberaron a Calarcá".
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, añadió: "Favores se pagan con favores. En plena época electoral, la Fiscalía y el Gobierno Petro levantan órdenes de captura y dejan en libertad a sus aliados. Con ellos en las calles habrá una restructuración de sus estructuras criminales".
Más contundente fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la decisión como "un insulto a las víctimas y a Medellín". Gutiérrez afirmó: "No existe la mal llamada 'Paz Total', lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales. Lo que pretende Petro es que puedan salir para hacer campaña en los barrios".
El complejo proceso de diálogo
Este proceso de negociación presenta posturas diametralmente opuestas. Mientras algunos integrantes de los grupos criminales consideran que el proceso "está muerto", desde el oficialismo se sostiene que existe un acuerdo condicionado de paz urbana con objetivos específicos:
- Lograr condiciones para la memoria y dignificación de las víctimas
- Prevenir nuevas violencias urbanas
- Impedir el resurgimiento de nuevas estructuras criminales
Defensores de la política de Paz Total
A pesar de las críticas generalizadas, la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro cuenta con defensores comprometidos. La senadora Isabel Zuleta, quien lidera la mesa de negociación, declaró: "Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la violencia que hemos padecido. La mentira, la manipulación de información y la falsedad como ataque a la esperanza deberían ser sancionados".
Curiosamente, el candidato oficialista Iván Cepeda se ha distanciado de esta política, asegurando que de ganar la presidencia construirá una nueva política de paz sin dar continuidad a la del actual jefe de Estado.
La suspensión de las órdenes de captura contra estos 23 jefes criminales marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del gobierno y promete mantener el debate nacional en los próximos meses, especialmente en el contexto electoral que vive Colombia.
