Dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, que no establece una fecha de caducidad, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró este jueves que el mecanismo "llega a su fin". La decisión se produce a pesar de que, según organizaciones no gubernamentales, aún hay 473 presos políticos en el país.
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Rodríguez no especificó en qué consiste exactamente el "fin" de la ley, sancionada el 19 de febrero. Sin embargo, aseguró que los casos "excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada el mismo jueves.
La líder del régimen consideró que la amnistía "ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados", pese a las "voces que buscan perturbar los procesos".
Contexto de la ley
La Ley de Amnistía surgió como respuesta al recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela, que derivó en una "agresión externa", en alusión a los ataques de Estados Unidos del 3 de enero, durante los cuales fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La normativa contempla un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero solo concede amnistía a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del tiempo y casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Cifras de beneficiados
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según el diputado chavista Jorge Arreaza. Las autoridades recibieron 12.187 solicitudes válidas, pero nunca publicaron un listado oficial de beneficiados, pese a los llamados del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG.
La ONG Foro Penal afirmó que menos del 25% de las excarcelaciones de este año se deben a la Ley de Amnistía.
Reacciones de ONG
Varias organizaciones rechazaron la decisión de Rodríguez, calificándola de "arbitraria e inconstitucional". Provea señaló que la derogación no es competencia del Ejecutivo y que la norma no establece caducidad. Acceso a la Justicia argumentó que la ley solo puede derogarse mediante otra ley del Parlamento o una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que la intromisión del Ejecutivo viola la separación de poderes.
Justicia, Encuentro y Perdón indicó que pretender dar por concluida la ley es un "acto de inseguridad jurídica" que vulnera a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial. "Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos", añadió.
