Colombia enfrenta una crisis sin precedentes por dominio criminal
Perder la soberanía sobre el sesenta por ciento del territorio nacional a manos del crimen organizado representa un peligroso acercamiento al abismo que conduce directamente hacia un Estado fallido. La cohonestación por inacción de esta realidad crítica —como ocurre actualmente con nuestra dirigencia política— equivale a plegarse voluntariamente a una crisis en ciernes que carece de antecedentes en la historia democrática del país.
El espectáculo político que desvía la atención
Las altezas reales Álvaro Uribe y Gustavo Petro, flamantes jefes de las dos minorías más significativas dentro del sistema político colombiano —las extremas tanto a derecha como a izquierda—, han convertido en mero espectáculo de revanchismo personal lo que debería ser una campaña nacional destinada a proponer antídotos efectivos contra el desastre inminente. El antídoto necesario consiste en una estrategia integral y sostenida que combine paz, seguridad, justicia y desarrollo, ejecutada simultáneamente por el Estado y las comunidades locales, tal como lo exige insistentemente la Defensora del Pueblo.
No satisfecho con haber contribuido significativamente al dominio de los grupos armados ilegales durante tres años de implementación de la Paz Total, el presidente Petro ahora manifiesta repulsa hacia acciones judiciales fundamentales para la seguridad nacional. Esto ocurre cuando la Fiscal General solicita autorización para capturar a Calarcá, jefe de disidencias con las cuales se mantienen diálogos de paz, a pesar de que este persiste en sus actividades criminales: incluyendo el asesinato de la mayora Carmelina Yule, la masacre de veintiséis personas en Guaviare y de seis uniformados en Antioquia, además de dirigir operaciones para copar territorios en Meta, Caquetá y Guaviare.
El mandatario también opone resistencia a solicitudes idénticas concernientes a otros líderes del mismo grupo armado, identificados con los alias Andréi, Richard y John Mechas. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, cuando no se encuentra sumido —al igual que Petro— en autocomplacencias sobre su excelsa persona, denuesta cualquier insinuación de reforma agraria y aboga por preservar el pasado histórico que dio lugar a la usurpación sangrienta de tierras, con un saldo trágico de diez millones de víctimas en el tercer país más desigual del mundo.
El abandono institucional a las víctimas
Estas mismas víctimas fueron humilladas nuevamente esta semana debido a la ausencia casi total del Congreso durante un homenaje que debería haberlas honrado: solamente dieciocho de los doscientos noventa y seis congresistas permanecieron en la sesión conmemorativa. Pudo más la aventura promesera de campaña política, incluso en territorios dominados por disidencias, elenos y el Clan del Golfo.
Para rescatar los territorios usurpados, impulsar su convergencia efectiva y convertir la ruralidad en eje central del desarrollo nacional, se impone un viraje radical en el campo colombiano, comenzando por el sector agropecuario —fuente principal de ingresos y generación de empleo en el país—, según sostienen los analistas Angela María Penagos y Diego Bautista.
La urgencia de la reforma rural integral
Se trata de consolidar los sistemas agroalimentarios como motores genuinos del crecimiento económico; de vencer definitivamente la pobreza y las desigualdades estructurales en el campo, donde un tercio de la población sufre inseguridad alimentaria severa y donde el ochenta por ciento de la fuerza laboral está compuesta por jornaleros y trabajadores por cuenta propia que en promedio devengan apenas quinientos ochenta mil pesos mensuales.
La Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz no admite más dilaciones, con sus metas concretas de redistribución y formalización de la propiedad territorial, y con el catastro multipropósito como eje fundamental de planificación estratégica. El objetivo central consiste en elevar sustancialmente la productividad del sector mediante la integración de pequeños productores a cadenas de valor agregado, con acceso a crédito formal y asistencia técnica especializada derivada de articular la política agropecuaria con el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde deben converger también gobiernos locales y comunidades organizadas.
El fin último es consolidar una institucionalidad robusta que convierta la planificación en ejecución efectiva y los recursos públicos en resultados tangibles para la población. Todo este proceso debe desarrollarse desde un pacto político y fiscal amplio que permita construir un nuevo contrato social territorial inclusivo y sostenible.
La paz y seguridad como condiciones indispensables
Sin embargo, este horizonte prometedor sólo podrá abrirse si se acompaña de nuevas políticas integrales de paz y seguridad que devuelvan al Estado su soberanía plena sobre todo el territorio nacional, y rompan definitivamente las cadenas que someten a poblaciones enteras a la dictadura de mafias dedicadas a economías ilegales. Es imperativo devolver su poder operativo, su moral institucional, su presupuesto adecuado y su capacidad de acción efectiva a las Fuerzas Armadas, sin cuya labor fundamental todo diálogo de paz quedaría condenado al fracaso absoluto.
En esta hora aciaga para la nación, ¿podrá esperar Colombia de sus caudillos políticos una salida distinta a la de trocar sus odios personales y vanidades individuales en altar sacrificial de la república? La respuesta sigue pendiente mientras el reloj de la crisis continúa avanzando inexorablemente.
