Cerebro de presunta estafa millonaria rompe el silencio y asume responsabilidad total
La supuesta desaparición de un hombre que inicialmente parecía un caso aislado terminó destapando lo que sería una de las presuntas estafas financieras más significativas de los últimos tiempos en Bogotá y Colombia. La estructura ilegal habría dejado pérdidas millonarias a decenas de familias que confiaron sus ahorros sin imaginar el verdadero alcance del fraude masivo.
Un modelo que prometía rentabilidad fija
Uriel Andrés Barreto Díaz, identificado como el cerebro de este esquema, rompió el silencio en entrevista exclusiva y asumió el peso total de lo ocurrido: "Yo quiero hoy responsabilizarme de todo como única cabeza de lo sucedido". El modelo consistía en captar dinero de inversionistas particulares con la promesa de pagar rendimientos mensuales mediante contratos a seis meses, operando principalmente entre familiares, amigos y conocidos cercanos.
Durante la entrevista, Barreto fue reiterativo en despejar responsabilidades de su entorno familiar y laboral. "Me importa mucho dar a conocer que mi esposa no tiene nada que ver con esto", afirmó categóricamente. Además, agregó que "Nadie más estuvo involucrado... tampoco mis padres, hermanos y sobrinos", marcando distancia igualmente con la cooperativa de transporte donde trabajó en el pasado.
Ocho años de crecimiento por confianza y credibilidad
La dinámica fraudulenta se extendió durante aproximadamente ocho años, según el relato del propio Barreto. El crecimiento no se apoyó en publicidad abierta, sino en recomendaciones directas dentro de círculos personales: "La mayoría de personas que confiaron... son familiares y amigos muy cercanos". Este mismo factor terminó desbordándose hasta niveles que el mismo Barreto calificó como "abismal y desmedido".
Un elemento clave que ayudó a construir confianza fue el vínculo laboral previo de Barreto con una cooperativa de transporte, la cual había sido liquidada. Este antecedente se convirtió en la fachada principal y parte fundamental del entorno de credibilidad que rodeó la dinámica entre los inversionistas engañados.
El punto de inflexión con intermediarios
El punto de quiebre ocurrió en 2022 con la aparición de intermediarios que comenzaron a mover dinero de terceros y ampliaron considerablemente el alcance del esquema piramidal. "Yo te puedo decir que el 40 % son personas que yo ni siquiera conozco por cuenta de esos intermediarios", admitió Barreto durante su testimonio.
Según su versión, algunos de estos actores ofrecían porcentajes distintos a los aportantes y retenían parte de las ganancias. Para sostener la promesa de rentabilidad del 6 % mensual durante los primeros cinco meses de cada contrato, el dinero se movía principalmente mediante préstamos a personas naturales, tiendas de barrio y trabajadores independientes sin fácil acceso al crédito bancario tradicional.
El colapso inevitable y la desaparición
Barreto reconoció que el sistema llegó a un momento crítico inevitable: "En este sistema uno llega a un punto en donde ya no hay retorno". El deterioro se exacerbó en octubre del año pasado cuando comenzó a disminuir el ingreso de nuevos recursos y la reubicación del dinero dejó de sostener el ritmo de pagos comprometidos.
El episodio más delicado ocurrió a mediados de enero cuando Barreto decidió evadirse tras no concretar la venta de sus últimos vehículos para responder a un intermediario con movimientos superiores a 4.000 millones de pesos. "Ahí fue cuando apareció la noticia de mi desaparición", relató, asegurando que la denuncia la interpuso su familia por preocupación.
Arrepentimiento y consecuencias imposibles de reparar
Al final de su confesión, Barreto expresó profundo arrepentimiento: "Me arrepiento de no haber dicho la verdad... esto es traumático". Reconoció además que "El resarcimiento es imposible. Los recursos se fueron en la misma dinámica", cerrando con una frase que explica el impacto devastador del colapso de su esquema fraudulento.
Por ahora, su testimonio representa solo una versión de los hechos. Será la Fiscalía General de la Nación y, en última instancia, los jueces del caso quienes determinen qué ocurrió realmente con los recursos desaparecidos, qué responsabilidades existen y hasta dónde llega el alcance penal de esta presunta estafa millonaria que afectó a numerosas familias en Bogotá y diferentes regiones del país.
