La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Judith Elbertes Jay Cuervo, una profesional del derecho señalada como presunta responsable de coordinar una red de engaños fundamentada en la oferta de subastas judiciales inexistentes. Según el reporte oficial del ente acusador, la mujer habría utilizado su perfil profesional y supuestas influencias en el sector público para captar millonarios recursos de personas interesadas en comprar propiedades a precios inferiores a los del mercado en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.
Alcance del engaño en dos departamentos
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Antioquia, los elementos materiales probatorios permitieron identificar que la implicada estaría vinculada a por lo menos 12 eventos delictivos distintos. Estas acciones habrían dejado un saldo de 15 víctimas en los municipios de Rionegro, en el oriente antioqueño, y Buga, en el centro del Valle del Cauca.
La Fiscalía detalló que la mujer es señalada de solicitar diferentes montos de dinero a las víctimas para supuestamente agilizar trámites para la adquisición de los bienes. Bajo esta premisa de supuesta mediación, Jay Cuervo convencía a los ciudadanos de que podía asegurarles el éxito en procesos de adjudicación de bienes.
Sobre su táctica, el ente acusador precisó que la procesada, valiéndose de su calidad de abogada, habría simulado tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles para hacerles creer a sus víctimas que podría mediar e intervenir con el propósito de favorecerlas en procesos de remates de bienes. Las víctimas, confiando en la trayectoria legal de la mujer, accedían a realizar diversos pagos y transferencias monetarias para avanzar en la supuesta compra.
Dinámicas del recaudo y trámites falsos
La información oficial suministrada por el ente investigador indica que la mujer solicitaba consignaciones de dinero directamente a sus cuentas bancarias personales. Estos fondos tenían, en teoría, la finalidad de concretar la adquisición de fincas y casas ubicadas en sectores urbanos de las poblaciones mencionadas. Además de los montos propios de la compra, Jay Cuervo pedía sumas adicionales bajo el argumento de gestionar trámites administrativos necesarios, tales como la obtención de fichas catastrales y el impulso procesal ante los despachos judiciales correspondientes.
No obstante, la Fiscalía puso en evidencia que, una vez los afectados entregaban el capital, la abogada interrumpía toda comunicación de manera abrupta. El organismo de control detalló que después de varios días perdía contacto con los ciudadanos que creían en sus servicios, no devolvía los recursos que le confiaban ni entregaba las propiedades prometidas. Al final de la transacción fraudulenta, las víctimas no solo perdían sus ahorros, sino que jamás recibían los inmuebles ni la documentación que acreditara la propiedad de los mismos.
Aceptación de cargos y antecedentes
Tras ser capturada y presentada ante un juez de control de garantías, la procesada enfrentó la imputación del delito de estafa agravada. Durante la audiencia, Jay Cuervo decidió allanarse a los cargos, aceptando voluntariamente su participación en los hechos investigados por la Estructura de Apoyo de la Fiscalía. Ante esta situación, el juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en su lugar de domicilio mientras avanza el proceso legal respectivo.
Es importante resaltar que, según los datos suministrados por la Fiscalía, este no es el primer acercamiento de la abogada con la justicia por conductas de esta naturaleza. El ente acusador recordó que por actividades delictivas similares cometidas en el oriente antioqueño, esta mujer ya había sido sentenciada a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento en Marinilla (Antioquia).
