La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por haber calificado como "loca, demente y delincuente" a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. Este hecho ocurrió luego de que el alto tribunal ordenara un allanamiento en la vivienda del funcionario en noviembre pasado.
Hechos investigados
Según el órgano de control, la pesquisa se centra en lo sucedido el 11 de noviembre de 2025, cuando Benedetti reaccionó públicamente a una inspección judicial realizada en su residencia, ubicada en las afueras de Barranquilla, al norte del país. Ese día, el ministro utilizó su cuenta en la red social X para denunciar que el procedimiento era "ilegal" y lo calificó como un "abuso de poder" por parte de la magistrada Lombana, a quien atacó con señalamientos personales y cuestionó su actuación en el proceso.
En sus publicaciones, Benedetti escribió textualmente: "El allanamiento es un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada". Además, sostuvo que la Corte Suprema no tiene competencia para investigarlo por hechos recientes, argumentando que perdió el fuero como congresista hace más de tres años. El ministro también acusó a Lombana de estar "obsesionada" con él y de intentar incriminarlo en diversos delitos.
Antecedentes judiciales del ministro
Benedetti enfrenta otros procesos legales. En julio de 2024, mientras se desempeñaba como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, su esposa lo denunció por presuntas agresiones físicas durante un viaje a Madrid, lo que generó un escándalo por violencia de género.
En febrero de 2025, la Corte Suprema lo llamó a juicio por tráfico de influencias, relacionado con hechos ocurridos entre 2016 y 2017 vinculados a contrataciones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). La magistrada Lombana asumió el caso en julio de 2022, cuando Benedetti fue llamado a indagatoria. Durante la investigación, se recopilaron pruebas, incluyendo la declaración de un exasesor de Fonade que señaló que el político "influyó en el proceso de adjudicación" de un contrato, según informó la Corte en su momento.
