Procuraduría vincula a director encargado de cárcel de Itagüí tras fiesta vallenata con narcotraficantes
En un giro significativo en el caso de la parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, la Procuraduría General de la Nación ha reabierto formalmente la investigación disciplinaria y ha vinculado al director encargado del establecimiento penitenciario. El funcionario, Fabián Leandro León Rodríguez, quien ejerce como subdirector, enfrenta cargos por presunta falsedad ideológica en documento público en relación con los hechos ocurridos.
Doce funcionarios del Inpec bajo investigación y suspensión
Tras realizar un saneamiento del proceso que declaró nula la apertura inicial de investigación contra once funcionarios, la Procuraduría ha confirmado que ahora son doce los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que están suspendidos de sus cargos y sujetos a investigación disciplinaria. Todos ellos estaban de turno durante el evento, que contó con la presentación en vivo del reconocido artista vallenato Nelson Velásquez.
La fiesta, organizada por cabecillas de bandas dedicadas al narcotráfico en el Valle de Aburrá, se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la cárcel, generando un escándalo que ha puesto en evidencia graves fallas en el control y la seguridad del centro penitenciario. Las autoridades han enfatizado que este tipo de actividades no solo violan los protocolos institucionales, sino que también representan un riesgo para el orden y la disciplina dentro del sistema carcelario.
Reapertura de investigación y cargos específicos
La decisión de reabrir la investigación surge después de que se identificaran irregularidades en el proceso inicial, lo que llevó a la Procuraduría a corregir el procedimiento y ampliar el alcance de la indagatoria. Además de la vinculación del director encargado, se espera que se profundice en las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados, evaluando posibles negligencias, omisiones o complicidades en la organización del evento.
Este caso ha generado un amplio debate sobre las condiciones de seguridad y el control dentro de las cárceles colombianas, especialmente en relación con la influencia de grupos criminales. La Procuraduría ha asegurado que continuará con el proceso de manera rigurosa, buscando establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes para evitar la repetición de hechos similares en el futuro.
