La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional realizó una inspección judicial en cárceles, estaciones de Policía y centros de detención transitoria de los departamentos de La Guajira, Santander y Cesar, revelando un panorama crítico de hacinamiento, falta de servicios básicos y violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Hacinamiento superior al 500% en Valledupar
El caso más grave se registró en el centro de detención transitoria “La Permanente” de Valledupar, administrado por el municipio y custodiado por la Policía Nacional. Allí permanecían 349 personas en un espacio con capacidad para aproximadamente 70, lo que representa una sobreocupación superior al 500%. De estas, 328 contaban con boleta de traslado a un establecimiento penitenciario, pero varias llevaban recluidas desde 2023 y 2024, pese a que el lugar es de carácter transitorio.
La Sala encontró adultos mayores entre los internos, zonas improvisadas para descanso, deterioro de cubiertas, deficiencias de ventilación y un número insuficiente de sanitarios y duchas. En el plano sanitario, se verificó que el establecimiento no cuenta con personal médico permanente y que la Nueva EPS no entregaba medicamentos desde el 20 de diciembre de 2025, afectando la continuidad de tratamientos. Además, durante 2025 se perdieron más de 1.000 audiencias por falta de defensores públicos y problemas técnicos de conexión.
La Tramacúa: calor, inundaciones y falta de resocialización
En el Establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, conocido como “La Tramacúa”, los reclusos denunciaron el intenso calor en patios y pabellones. Las directivas informaron que se instalaron polisombras en algunos sectores y que la USPEC adelanta estudios para evaluar la instalación de ventiladores. También se reportaron inundaciones, rebosamiento de baterías sanitarias, deficiencias en la atención médica y fallecimientos recientes que son investigados por las autoridades.
Las personas privadas de la libertad señalaron limitaciones en la oferta educativa y de resocialización por falta de espacios y equipos tecnológicos. La Corte dejó abierta la inspección y dispuso una mesa de trabajo con la USPEC, el INPEC, el Ministerio de Justicia y autoridades territoriales para buscar soluciones.
Riohacha: hamacas, hongos y agua en carrotanques
En la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha, La Guajira, la población era de 366 personas en un espacio con capacidad para unos 100 cupos, una sobrepoblación cercana al 266%. Los internos dormían en colchonetas y hamacas improvisadas, con limitaciones de ventilación, humedad, presencia de hongos e instalaciones eléctricas expuestas. El centro no tiene suministro continuo de agua potable; el abastecimiento se hace mediante carrotanques y el almacenamiento en recipientes plásticos.
También se recogieron dificultades en el trámite de solicitudes de beneficios judiciales y mecanismos sustitutivos de la pena, debido a la limitada capacidad institucional en la región. En el centro de detención transitoria conocido como antiguo “CAIMEG”, la población alcanzaba 280 personas, con capacidad para 130. Patios diseñados para 12 a 15 personas albergaban más de 50 internos, y había casos de permanencia de hasta cinco años, superando ampliamente el límite de 36 horas. La Corte documentó población extranjera no afiliada al sistema de salud, personas con afectaciones en salud mental, falta de espacios para audiencias y atención médica, y condiciones inadecuadas para mujeres y población LGBTIQ+.
Bucaramanga: un parqueadero convertido en celda
En la Estación de Policía Norte de Bucaramanga permanecían 154 personas privadas de la libertad —153 sindicadas y una condenada— en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 personas. Todas superaban el límite de 36 horas, con casos de hasta dos años. La Sala constató sobreocupación severa en tres celdas internas, donde los reclusos usaban hamacas improvisadas y dormían en el piso. Un espacio abierto que antes funcionaba como parqueadero se utilizaba para la permanencia de internos, con limitaciones de ventilación y acceso a sanitarios y duchas.
Entre la población recluida había extranjeros, personas con discapacidad, integrantes de la población LGBTIQ+ y personas con afectaciones en salud mental. Las entidades expusieron preocupaciones por la calidad de los alimentos y las dificultades presupuestales de las entidades territoriales para asumir esa obligación. Además, los internos no recibían visitas familiares y solo se autorizaban encuentros con sus abogados.
Girón: contraste con hacinamiento del 7% pero con drones y celulares
En la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, Santander, la Sala encontró un panorama distinto: albergaba unas 2.600 personas con un índice de hacinamiento cercano al 7%, y cuenta con aulas, bibliotecas, salas de cómputo, talleres productivos, panaderías, proyectos agrícolas y convenios de formación técnica y educación superior. Sin embargo, se reportaron dificultades en el suministro de medicamentos, problemas de seguridad para funcionarios y directivas, y el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos ilícitos mediante drones y lanzamientos desde el exterior.
Nuevo centro penitenciario en Riohacha: avance del 99%
Como contraparte de la sobreocupación, la Sala verificó el avance del nuevo establecimiento de reclusión del orden nacional de Riohacha, una infraestructura de cuarta generación con capacidad para 1.722 personas, que incluirá un pabellón para 152 mujeres, un espacio de 218 cupos para población indígena Wayúu, áreas de talleres, sanidad, alimentación y un Centro de Desarrollo Infantil para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos. El proyecto registra un avance del 99% en obras civiles y del 85% en términos generales, con una inversión cercana a los 361 mil millones de pesos. La USPEC informó que la entrada en funcionamiento se hará en dos fases: la primera entre el 30 de junio y el 15 de julio de 2026, con 366 internos trasladados desde el actual ERON de Riohacha, y la segunda en noviembre de 2026, cuando se alcanzará la capacidad total. El INPEC indicó que se requerirán unos 530 funcionarios de custodia y vigilancia y cerca de 175 servidores adicionales para los servicios asociados.
