Han transcurrido 40 días desde la polémica parranda vallenata que tuvo lugar en la cárcel La Paz de Itagüí, uno de los penales de máxima seguridad del país. A pesar del revuelo mediático y las promesas gubernamentales de acciones contundentes, las medidas concretas han sido escasas. De los 17 traslados anunciados inicialmente por el presidente Gustavo Petro, solo uno se ha materializado hasta la fecha.
El único traslado ejecutado
El 9 de mayo, Paulo Andrés Torres Flórez, conocido como alias Pocho y cabecilla de la banda La Agonía de la comuna 13, fue trasladado a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que este movimiento se realizó por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Inpec, debido a su presunta participación en los hechos del 8 de abril.
Traslados pendientes y fallas de seguridad
Los demás traslados prometidos siguen sin ejecutarse. Una de las razones principales son las fallas de seguridad en el penal. El día de la fiesta, que contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez y la asistencia de cerca de 150 personas, las cámaras de seguridad no estaban funcionando, lo que ha dificultado la identificación de los participantes. En medio de este vacío, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, ha negado cualquier vínculo con la celebración, alegando problemas de salud que le impidieron participar o consumir licor.
Comodidades en las celdas y suspensión de diálogos
La decisión de trasladar únicamente a alias Pocho ha generado críticas. El concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón, señaló que concentrar la responsabilidad en una sola persona podría enviar un mensaje equivocado en el proceso de paz urbana. Inicialmente se dijo que la fiesta celebraba el cumpleaños de alias Pocho, pero otras versiones indican que era para festejar la posible libertad de Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, quien cumple una condena de 18 años y medio y cuya solicitud de libertad condicional fue recientemente negada.
Aunque no se han concretado más traslados, el Gobierno asegura que se tomaron medidas dentro del penal. Una requisa realizada el 11 de abril encontró celulares, módems wifi, neveras, freidoras de aire, televisores, hornos, consolas de videojuegos y aires acondicionados en las celdas, lo que llevó a la Alcaldía de Medellín a calificar el lugar como una “cárcel-hotel”. El ministro Cuervo afirmó que se ordenaron acciones para restablecer el orden y eliminar estas comodidades. Sin embargo, tras el escándalo, los diálogos de paz urbana en el Valle de Aburrá quedaron suspendidos y no hay nuevas decisiones de fondo frente a los implicados.
