La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre la persistente crisis humanitaria en las cárceles del país, tras una serie de visitas a centros de reclusión durante el segundo semestre de 2025. El informe revela violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, con problemas estructurales como hacinamiento, deficiencias en la alimentación y obstáculos para la resocialización, especialmente de mujeres.
Hallazgos en los centros de reclusión
La Defensoría visitó 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, donde se encuentran 33.567 reclusos. Se identificaron carencias que afectan la dignidad humana y la salubridad, como déficit de camas, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para la visita íntima. En cuanto a salud, se detectaron demoras en autorizaciones de procedimientos, dificultades para citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos, siendo más crítico en La Modelo y El Buen Pastor en Bogotá.
Barreras judiciales y de infraestructura
El 19,4% de las audiencias judiciales son aplazadas por fallas de conectividad, falta de computadores o inasistencia de jueces. Además, la aplicación de la Ley de Utilidad Pública es limitada: solo en tres centros se identificaron 231 mujeres candidatas a la sustitución de la pena. La Defensoría instó a aumentar el esfuerzo colectivo con jueces para garantizar el acceso a la justicia y tratamientos penales diferenciados con enfoque de género.
La infraestructura es otro problema grave: muchas personas duermen en el suelo, pasillos o estructuras improvisadas, lo que agrava riesgos de salud, seguridad y convivencia. Solo el 20% de los centros cuenta con espacios para la visita íntima, y en condiciones incompatibles con la dignidad humana.
Centros de Detención Temporal: estancias prolongadas
En los Centros de Detención Temporal, diseñados para permanencias de hasta 36 horas, se registran estancias prolongadas. El 82,5% de las personas lleva más de 36 horas y el 15% supera el año. Las instalaciones son precarias, con espacios reducidos, ventilación e iluminación deficientes, y sin áreas separadas para dormir, comer o necesidades fisiológicas. No se garantiza la separación entre condenados y sindicados, ni entre hombres y mujeres.
Las condiciones de salubridad son críticas: en algunos establecimientos hay un sanitario para 125 personas. La mayoría no cuenta con personal médico permanente ni protocolos claros para atención de urgencias o provisión de medicamentos. El personal policial no está capacitado para estos servicios.
Recomendaciones de la Defensoría
Para enfrentar la crisis, la Defensoría recomienda humanizar las penas, reconfigurar el presupuesto, reformar el Sistema General de Participaciones y realizar una transición alimentaria. Estas medidas buscan garantizar los derechos fundamentales de los reclusos y mejorar las condiciones carcelarias.
