ELN declara objetivo militar a candidato presidencial Abelardo De La Espriella
El candidato presidencial por Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella, fue declarado objetivo militar por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según denunció este jueves su equipo de campaña. La alerta se produjo después de que el jefe de seguridad personal del aspirante recibiera una llamada anónima el pasado martes 10 de febrero, donde se le advertía específicamente sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN que tendría como blanco principal al candidato y a sus instalaciones políticas en varias ciudades del país.
Detalles de la amenaza y posibles objetivos
Durante la conversación telefónica, se mencionaron posibles acciones violentas durante la gira electoral de De La Espriella en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. Además, se alertó sobre posibles ataques a las sedes de campaña del candidato en esas localidades. Según el esquema de seguridad del aspirante, la orden habría sido emitida por un individuo identificado como "el coso" y transmitida por alguien conocido como "silvana", ambos presuntamente miembros del ELN.
El propio De La Espriella se refirió al hecho a través de sus redes sociales, donde publicó: "El ELN me declara objetivo militar. Este hecho confirma lo que el país ya sabe: en Colombia, los criminales y terroristas se sienten fortalecidos por un gobierno débil, permisivo y cómplice con la violencia". El candidato aseguró que continuará con su agenda electoral a pesar de las amenazas.
Otras amenazas a candidatos presidenciales
Esta no es la primera alerta de seguridad que afecta a aspirantes a la presidencia en el actual proceso electoral. El pasado 8 de febrero, fue quemada una valla publicitaria del candidato Juan Carlos Pinzón del Partido Oxígeno en el municipio de El Zulia, Norte de Santander. Pinzón respondió en redes sociales: "Los colombianos estamos sometidos al miedo, la acción criminal e impedir que funcione la democracia por los grupos armados".
En octubre del año pasado, el candidato Mauricio Lizcano denunció haber recibido en su sede de campaña en Manizales una corona fúnebre con el nombre de su padre, Óscar Tulio Lizcano. El hecho llevó al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, a ordenar investigaciones a través de la DIJIN. Lizcano expresó: "Rechazo profundamente este acto cobarde. La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones".
Ese mismo mes, se incrementó el esquema de seguridad de la candidata Paloma Valencia debido a una alerta de inteligencia que apuntaba a un supuesto plan para atentar contra su vida. Valencia ha mencionado en varias ocasiones que restricciones de seguridad le impiden viajar a ciertos territorios durante su campaña.
Candidatos al Congreso también afectados
Las amenazas no se limitan a los aspirantes presidenciales. En las últimas dos semanas, atacaron el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el municipio de Fortul, Arauca, donde fueron asesinados dos de sus escoltas. Días después, la congresista Aida Quilcué sufrió un intento de secuestro cuando varios hombres armados interceptaron su vehículo durante un trayecto desde La Plata, Huila, hacia Popayán, Cauca.
La congresista, quien fue liberada posteriormente, narró los detalles del incidente cerca del páramo del Totoró. Estos eventos se suman a las advertencias del registrador Hernán Penagos sobre intereses de grupos armados en las elecciones y al anuncio del "Plan Democracia" por parte del Ministerio de Defensa, que busca desplegar mayor pie de fuerza durante las votaciones.
Preocupación por la seguridad electoral
A menos de tres semanas de las elecciones, los ataques y amenazas contra candidatos presidenciales y congresistas revelan un nivel de riesgo electoral que no se percibía en procesos anteriores. La Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, que se reunió el pasado 29 de enero, ha manifestado preocupación por estas situaciones.
El incremento de incidentes violentos contra figuras políticas plantea serios interrogantes sobre las garantías de seguridad para el ejercicio democrático en Colombia. Las autoridades competentes enfrentan el desafío de proteger a los candidatos mientras investigan los orígenes y responsables de estas amenazas, en un contexto donde la violencia política parece resurgir como herramienta de intimidación.
