Choques menores: el problema legal que afecta a millones de conductores colombianos
La realidad en las vías colombianas presenta un escenario preocupante: accidentes de tránsito con solo daños materiales, que aunque parecen menores, se convierten en pesadillas legales y económicas para quienes los sufren. Madres, padres, estudiantes, trabajadores y adultos mayores ven sus días afectados por golpes, rayones o retrovisores dañados que desencadenan conflictos sin solución aparente.
La ley que cambió las reglas del juego
Desde julio de 2022, la Ley 2251, conocida como Ley Julián Esteban, modificó radicalmente el procedimiento para estos casos. El artículo 16 establece que cuando un choque solo produce daños materiales, los conductores ya no deben esperar a las autoridades de tránsito en el lugar. La norma exige retirar inmediatamente los vehículos de la vía, recolectar pruebas mediante fotos o videos, y acudir a centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia.
Óscar Julián Restrepo Mantilla, director de la revista virtual El Carro Colombiano, explica que "la responsabilidad de llegar a un acuerdo recae únicamente en los dos conductores", con el celular como principal herramienta de prueba. Quienes no cumplan con retirar los vehículos enfrentan comparendos por obstrucción vial.
Vacíos legales que generan impunidad
Los expertos identifican múltiples problemas en la aplicación de esta ley. Diego Alexánder Jaimes Delgado, magíster en Derecho de Daños, señala que "muchas veces las fotos o croquis no son suficientes y las aseguradoras no terminan pagando". A esto se suma que aproximadamente nueve millones de vehículos circulan sin SOAT vigente según el RUNT, dejando a las víctimas sin posibilidad de reclamo cuando el responsable huye o carece de cobertura.
La investigación de Andrés Rendón Vásquez, de la Institución Universitaria de Envigado, revela que la norma presenta graves omisiones:
- No establece cuantías claras según el tipo de avería
- No considera que muchos conductores carecen de dispositivos tecnológicos para recolectar pruebas
- No exige póliza de responsabilidad civil extracontractual como requisito para circular
La trampa económica de los procesos legales
El panorama se complica cuando se analizan los costos. Si el daño equivale a un millón de pesos, iniciar un proceso legal puede superar ese valor en gastos, haciendo inviable la reclamación. Los propios abogados reconocen que no asumen casos de solo daños materiales por su baja viabilidad económica, dejando a las víctimas atrapadas en una paradoja: tienen derechos reconocidos, pero carecen de medios para hacerlos valer.
José Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, critica que "la norma busca cambiar comportamientos sin ofrecer las herramientas necesarias para lograrlo", destacando la ausencia de planes de capacitación previos a la implementación.
El déficit cultural que agrava el problema
Más allá de los vacíos legales, Colombia enfrenta un profundo déficit en educación vial y cultura del seguro. Según datos de Fasecolda, solo el 12,2% de los vehículos que circulan en el país tienen seguro voluntario, a pesar de registrarse aproximadamente 25 accidentes de tránsito diarios.
Camilo Rodríguez, vicepresidente de Técnica de Auto y Pricing de HDI Seguros, explica que "el problema no es solo no tener seguro: es no saber qué significa tenerlo". Muchos conductores desconocen que las pólizas pueden incluir cobertura para conductor elegido, servicio de grúa, vehículo sustituto y rastreo satelital.
En 2024, apenas 2,38 millones de vehículos contaban con pólizas voluntarias en Colombia. Estudios de Mapfre y Fasecolda vinculan este fenómeno con déficits educativos y baja confianza en el sistema asegurador, contrastando marcadamente con países europeos donde el debate se centra en cambiar de aseguradora, no en tener o no cobertura básica.
La combinación de vacíos legales, barreras económicas y falta de cultura preventiva crea un escenario donde los accidentes menores se convierten en problemas mayores, dejando a los conductores colombianos en situación de vulnerabilidad constante en las vías del país.
