Demanda multitudinaria contra cambios en política de vacunación infantil
Una coalición conformada por más de una decena de estados presentó formalmente una demanda judicial contra el Gobierno del presidente Donald Trump, cuestionando la reciente revocación de varias recomendaciones de vacunación infantil. Los estados demandantes argumentan que esta decisión constituye una amenaza ilegal para la salud pública nacional, especialmente para la población más joven.
Modificaciones controvertidas en recomendaciones de los CDC
Según la documentación presentada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el mes pasado que dejarían de recomendar de forma generalizada la vacunación contra enfermedades como la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, ciertas formas de meningitis y el virus respiratorio sincicial humano (VSR). Bajo las nuevas directrices, estas inmunizaciones pasarían a recomendarse únicamente para grupos considerados de alto riesgo o mediante el criterio médico denominado "toma de decisiones compartida".
Expertos en salud pública han manifestado su preocupación por este cambio, considerando que se aparta significativamente de lineamientos médicos establecidos durante décadas. La fiscal general de Arizona, la demócrata Kris Mayes, declaró enfáticamente: "La salud y la seguridad de los niños en todo el país no es un asunto político. No es un tema de debate sobre una guerra cultural".
Impacto en recursos estatales y confrontación política
En la demanda, estados como Arizona y California sostienen que la modificación de las recomendaciones obligará a las autoridades estatales a destinar mayores recursos económicos y humanos para prevenir y contener posibles brotes de enfermedades prevenibles. Esta acción judicial también cuestiona la decisión adoptada el año pasado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien destituyó a los integrantes de un comité asesor de vacunas y nombró a nuevos miembros, acción que según el documento presentado habría sido ilegal.
El litigio se enmarca en una confrontación más amplia entre estados gobernados por demócratas y la administración republicana por cambios en la política federal de salud pública. Bajo la dirección de Kennedy, el Gobierno ha implementado medidas como el despido de miles de empleados de agencias federales de salud, la reducción de fondos para investigación científica y la modificación de directrices oficiales sobre diversos temas médicos.
Respuesta estatal y posibles consecuencias
Meses atrás, los gobernadores demócratas de California, Washington y Oregon anunciaron una alianza para emitir sus propias recomendaciones de vacunación, señalando que la administración federal estaba politizando a los CDC y poniendo en riesgo la salud pública. Aunque la autoridad para exigir vacunas en las escuelas recae principalmente en los estados, las recomendaciones de los CDC tradicionalmente han influido significativamente en la normativa estatal, por lo que estos cambios podrían tener efectos amplios y duraderos en las políticas de inmunización a nivel nacional.
La demanda representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre estados progresistas y la administración federal en materia de políticas de salud, con implicaciones potenciales para millones de familias estadounidenses y el sistema de salud pública del país.
