Gobierno detalla mecanismos para traslados controlados en el sistema de salud
El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró este 10 de febrero de 2026 que el proyecto de decreto sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud, diseñado con enfoque poblacional y territorial, no contempla traslados automáticos o indiscriminados de usuarios. La entidad gubernamental precisó que cualquier eventual reasignación se realizará bajo parámetros estrictamente técnicos, de forma gradual y resguardando la continuidad del aseguramiento y la atención en salud en todo el territorio nacional.
Objetivo: garantizar acceso efectivo y sostenibilidad del sistema
De acuerdo con la cartera de Salud, el objetivo principal de esta propuesta normativa es salvaguardar el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y reforzar la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ello, el documento se basa en criterios de ordenamiento territorial y poblacional que buscan facilitar un acceso efectivo, integral y oportuno a los servicios de salud.
El Ministerio recordó que la Constitución y leyes como la 100 de 1993, la 1122 de 2007, la 1438 de 2011 y la Estatutaria 1751 de 2015 obligan al Estado a organizar, regular y controlar el sistema de salud. Esta responsabilidad comprende asegurar que los ciudadanos reciban atención continua y oportuna en cualquier región del país.
Diagnóstico: fallas estructurales en la operación actual
Según los análisis técnicos de la entidad, la operación actual del aseguramiento presenta problemas que afectan de manera directa la eficiencia del sistema. Entre ellos se destacan:
- Fragmentación excesiva de afiliados
- Presencia de múltiples aseguradores sin la escala poblacional mínima para operar eficientemente
- Selección adversa geográfica
- Pérdida de economías de escala necesarias para gestionar el riesgo en salud
Estas falencias son especialmente visibles en municipios rurales, dispersos, fronterizos o con limitaciones estructurales en la oferta de servicios.
Propuesta: ordenamiento técnico con múltiples variables
Para enfrentar este diagnóstico, el proyecto de decreto plantea un ordenamiento técnico del aseguramiento que tenga en cuenta variables como:
- Escala y densidad poblacional
- Capacidad operativa de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
- Dispersión geográfica
- Sostenibilidad financiera
- Articulación con las redes de servicios
El Ministerio asegura que este enfoque permitirá mejorar la continuidad, integralidad y calidad de la atención, facilitando el tránsito de los pacientes por los distintos niveles asistenciales.
Competencia regulada, no restringida
El Gobierno enfatizó que el enfoque territorial y poblacional no introduce restricciones arbitrarias a la competencia económica. Por el contrario, se enmarca en un modelo de competencia regulada que busca corregir fallas del mercado del aseguramiento. En esa línea, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó, en ejercicio de su función de abogacía de la competencia, que la propuesta normativa no pretende limitar indebidamente la libre competencia y que, de hecho, persigue fines legítimos de equidad, eficiencia y protección al usuario.
Reglas explícitas para asignación de afiliados
El documento también detalla reglas explícitas para la asignación o eventual reasignación de afiliados, con el fin de:
- Evitar interrupciones en tratamientos en curso
- Preservar la unidad familiar
- Garantizar la neutralidad epidemiológica
- Proteger la estabilidad financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)
La intención es prevenir la concentración excesiva de población de alto costo en determinadas EPS, evitando riesgos que comprometan la integralidad de la atención.
Una herramienta técnica para fortalecer el sistema
El Ministerio concluyó que este proyecto normativo no genera caos ni incertidumbre, sino que constituye una herramienta técnica y necesaria para fortalecer el sistema de salud. Según la entidad, ordenar la operación del aseguramiento con criterios territoriales y técnicos es una obligación del Estado para proteger a los usuarios y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema en todas las regiones del país.
