El mayor traslado administrativo de pacientes en la historia del sistema de salud colombiano
El Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una norma que ordena el movimiento de más de 6,5 millones de afiliados entre diferentes EPS en un plazo de apenas tres meses. Esta medida, que se implementa pese a las advertencias técnicas, jurídicas y operativas de expertos, usuarios y actores del sistema, representa el mayor traslado administrativo de pacientes en la historia reciente del aseguramiento en Colombia.
Un antecedente judicial que no detuvo la iniciativa
No es la primera vez que el Gobierno intenta mover millones de usuarios por vía administrativa. El año anterior, con el Decreto 0858 de 2025, el Ministerio de Salud buscó implementar un rediseño estructural del sistema de salud que incluía cambios profundos en el rol de las EPS y en la organización territorial del aseguramiento. Aquella iniciativa fue frenada por el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto al considerar que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones.
Ahora, con el 0182, el Gobierno retoma parte de ese camino con un instrumento distinto: no elimina formalmente a las EPS ni redefine todo el modelo de atención, pero reordena de facto el aseguramiento al limitar cuántas EPS pueden operar en cada territorio y forzar la salida de aquellas que no cumplan ciertos umbrales de participación.
Los nuevos criterios territoriales que redibujan el mapa del aseguramiento
El decreto introduce criterios de habilitación territorial estrictos para las EPS:
- En municipios grandes, solo podrán operar aquellas que alcancen un mínimo del 3% de los afiliados
- En departamentos con más de dos millones de habitantes, el umbral sube al 5%
- En territorios más pequeños puede llegar hasta el 15%
- En municipios con menos de 20.000 habitantes, solo podrá operar una EPS
Las entidades que no cumplan estos requisitos deberán salir del territorio, y sus afiliados serán redistribuidos automáticamente hacia las EPS que permanecen habilitadas mediante un mecanismo de "asignación especial" creado por el decreto.
La dimensión del reordenamiento: cifras que impactan a millones
Según cálculos de la Mesa Nacional de Usuarios, 6.519.719 personas serán movidas de una EPS a otra como resultado de la aplicación del Decreto 0182, lo que equivale al 12,46% del total de afiliados del sistema colombiano.
El impacto no es homogéneo entre las diferentes entidades:
- Nueva EPS será la principal receptora, con un aumento de 2,6 millones de personas (crecimiento del 22,6%)
- Asmet Salud pierde el 54,7% de su población
- Coosalud pierde el 29,2% de sus afiliados
- Famisanar reduce su base en un 28,4%
- Emssanar disminuye en un 21,3%
Advertencias sobre el fortalecimiento de una EPS en crisis
El mayor cuestionamiento de expertos y usuarios se concentra en el fortalecimiento de Nueva EPS en medio de su crisis financiera y operativa. La entidad, intervenida por el Gobierno, arrastra problemas que han sido denunciados de manera reiterada por pacientes y actores del sistema.
Álvaro Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, advierte: "Si hoy Nueva EPS no tiene capacidad de atender en condiciones mínimas de dignidad y oportunidad a los usuarios que ya tiene, trasladarle 2,6 millones más va a agravar la situación no solo de esos nuevos afiliados, sino de los más de 11 millones que ya están".
Cuestionamientos jurídicos y operativos
Ana María Vesga, presidenta de Acemi (gremio de las EPS), calificó el decreto como inoportuno e imprudente. Vesga reconoce que la regionalización del aseguramiento puede tener sentido conceptual para ganar eficiencia, pero subraya que no se cumplen las condiciones mínimas para hacerlo ahora.
"Como lo dijo el Consejo de Estado el año anterior cuando suspendió el Decreto 0858, los cambios a las reglas del aseguramiento tienen reserva de ley. No pueden implementarse por decreto. En esta ocasión se repite ese error", insistió Vesga.
Impacto clínico y riesgo para pacientes vulnerables
Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes y experto en salud pública, alerta sobre el impacto clínico del traslado: "Los movimientos masivos interrumpen la continuidad de la atención, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, patologías raras o tratamientos de alto costo. Habrá demoras en autorizaciones, cambios forzados de redes de prestadores y desorientación administrativa".
Hernández advierte que estos factores pueden traducirse en un aumento de la morbimortalidad en grupos de pacientes vulnerables, especialmente en municipios rurales, de frontera o con baja densidad poblacional donde las EPS intervenidas no han demostrado capacidad para manejar volúmenes adicionales de afiliados.
Nuevo frente político y jurídico
El representante a la Cámara Andrés Forero anunció que acudirá nuevamente al Consejo de Estado para solicitar la suspensión del decreto. Forero cuestiona que, mientras el país conoce casos de pacientes que murieron esperando medicamentos como Kevin Acosta o Cecilia Quintero —afiliados a Nueva EPS—, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, impulse el traslado de millones de personas hacia una entidad intervenida.
El Decreto 0182 introduce un cambio profundo en la lógica del sistema: el Estado pasa de regular el aseguramiento a decidir activamente quién asegura a quién y dónde. La libre escogencia queda subordinada a criterios territoriales definidos desde el centro del país, y millones de pacientes verán alterada su atención sin haberlo elegido.
El traslado que expertos, usuarios y académicos recomendaron no hacer ya está decretado. El pulso ahora se librará en los tribunales, pero sus efectos se sentirán en hospitales, farmacias y salas de espera, donde la reorganización administrativa puede convertirse en una nueva capa de incertidumbre para millones de colombianos.
