Fallecimiento de adulta mayor en dispensario de Nueva EPS conmociona a Colombia
Todavía existe una profunda conmoción en todo el territorio nacional después de que se conociera el trágico fallecimiento de una mujer de la tercera edad dentro de un dispensario de medicamentos de la Nueva EPS. El lamentable suceso ocurrió frente a otros usuarios que esperaban su turno en el barrio Los Caobos de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, generando indignación y preocupación generalizada.
Los dramáticos momentos previos al deceso
La víctima fue identificada como Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que perdió la vida pocos minutos después de expresar su inconformidad porque no le habían entregado los pañales y medicamentos necesarios para su hijo en silla de ruedas, para su esposo y para ella misma. Según su propio testimonio captado en video, la señora Quintero sufría problemas renales y llevaba siete meses completos sin recibir los fármacos que le habían sido recetados médicamente.
En las imágenes difundidas ampliamente en redes sociales, se puede escuchar a la adulta mayor reclamando con angustia: "A él tampoco le quieren entregar la propafenona, que es vital para la arritmia cardíaca. ¡Y si no la toma, se muere!", refiriéndose a su esposo quien padecía problemas vasculares y había sido operado del corazón. Segundos después de estas declaraciones, doña Cecilia se desplomó frente a los presentes, quienes corrieron inmediatamente a auxiliarla, pero desafortunadamente los esfuerzos fueron en vano y poco después se confirmó su fallecimiento.
Reacción institucional y pronunciamientos oficiales
Droguerías Cafam, el dispensario donde ocurrió la tragedia, emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento y señalando que en ese momento se activaron todos los protocolos de atención establecidos, solicitándose además asistencia a los servicios de emergencia correspondientes. "Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación", añadió la entidad en su declaración oficial.
La Defensoría del Pueblo se pronunció de manera contundente sobre el caso, afirmando que "la crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales". La entidad advirtió además que los compromisos asumidos por Nueva EPS en mesas de trabajo y los correctivos anunciados no han logrado evitar el agravamiento progresivo de la crisis sanitaria.
Panorama alarmante en Bolívar y Cartagena
En este contexto preocupante, las fallas sistémicas en los servicios de salud también representan una realidad crítica en el departamento de Bolívar. Según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hasta el 31 de diciembre de 2025 los indicadores de afiliación a los regímenes contributivo y subsidiado alcanzaban la cifra de 2.284.753 personas en esta región.
Durante el año 2025, la Defensoría del Pueblo recibió un total de 3.585 reclamos por vulneraciones al derecho a la salud en el departamento de Bolívar, lo que representó un incremento del 2% frente al año 2024 cuando se registraron 3.523 quejas. Además, se contabilizaron 1.087 acciones de tutela, de las cuales el 74% correspondieron específicamente a negación en la prestación de servicios médicos esenciales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó detalladamente que la principal causa de las quejas fue la falta de entrega de medicamentos, concentrando el 45% de todos los reclamos presentados. "Lo que estamos viendo es el deterioro de la capacidad de entrega oportuna de medicamentos. También tenemos un asunto relacionado con la oportunidad de las citas médicas, que es la otra causa grande de quejas ante la Defensoría, y además tenemos un uso sostenido de acciones judiciales que terminan a veces en desacatos que no se cumplen", precisó Marín en entrevista con El Universal.
Municipios más afectados y datos específicos
Los registros oficiales destacan a Magangué como el municipio con mayor número de reclamos durante 2025, seguido muy de cerca por Cartagena, Mompox, Achí y El Carmen de Bolívar. La mayoría de estos casos involucran directamente a EPS como Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi y la misma Nueva EPS, evidenciando un patrón recurrente de incumplimiento.
En Cartagena específicamente, se registraron 539 reclamos por vulneraciones al derecho a la salud durante el año 2025, frente a los 400 casos reportados en el año 2024, mostrando un preocupante incremento. Datos adicionales del Consejo Superior de la Judicatura, citados por la Defensoría del Pueblo, indican que hasta septiembre de 2025 se habían presentado 366 acciones de tutela y 68 impugnaciones en la ciudad heroica.
Causas estructurales de la crisis sanitaria
Según el análisis técnico realizado por la Defensoría del Pueblo, una de las causas fundamentales de esta problemática está directamente relacionada con el flujo de recursos para financiar adecuadamente el sistema de salud nacional. "La Corte Constitucional ya dijo que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) era insuficiente y ordenó su ajuste. Esto ha sido reconocido por el Gobierno nacional, tanto que es una de las causales de la declaratoria de Emergencia Económica y Social, que necesita más recursos para la salud", explicó la funcionaria.
Sin embargo, Marín señaló que existe una disputa significativa entre las EPS y el Gobierno nacional en torno al impacto real de esos flujos de recursos. Existen deudas atrasadas que impiden que los recursos fluyan con normalidad, creando un efecto dominó donde las EPS no pagan oportunamente a los proveedores, estos a su vez no pagan a las farmacéuticas, y algunos gestores farmacéuticos han comenzado a retirarse del sistema.
Mecanismos de diálogo y perspectivas futuras
Frente a este panorama complejo, la Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad urgente de una reforma estructural profunda al sistema de salud colombiano. Mientras tanto, ha activado mecanismos de diálogo directo con las EPS para proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos.
"Ya hicimos con la Nueva EPS, hicimos con Famisanar el viernes pasado, y vamos a ir avanzando con las EPS que tienen mayor cobertura poblacional para revisar cada uno de estos temas", precisó la defensora del Pueblo. Este proceso consiste en mesas de trabajo que reúnen a todos los actores involucrados, con acompañamiento de la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación.
En estas mesas, la Defensoría presenta cifras actualizadas, quejas específicas y resultados de encuestas; las EPS exponen sus datos internos y planes de acción propuestos; y posteriormente se realiza un seguimiento riguroso para verificar mejoras concretas en la atención. "Hay muchas cosas que no van a depender de esos espacios y eso lo sabemos porque son problemas más grandes que la capacidad de decisión que tenemos, pero sí esperamos que puedan aliviar algunos de los temas más críticos", concluyó Iris Marín, reflejando tanto la urgencia como las limitaciones de estos esfuerzos institucionales.
