Gobierno defiende decreto para reordenar EPS: 'Es proteger el derecho a la salud'
Gobierno defiende decreto para reordenar EPS en Colombia

Gobierno defiende proyecto de decreto para reordenar el sistema de EPS en Colombia

El Ministerio de Salud salió al paso esta semana de las críticas generadas por el proyecto de decreto que contempla el traslado de millones de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud, asegurando que la iniciativa "no contempla cambios automáticos ni indiscriminados de usuarios". La cartera defendió la propuesta como una herramienta técnica fundamental para ordenar el sistema con enfoque territorial y poblacional, en medio de una creciente tensión por la crisis que atraviesa el sector salud.

Posición del Gobierno: Ordenamiento técnico y territorial

Según el Ministerio, el propósito central del decreto es "proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud". La entidad sostuvo que cualquier proceso de asignación que eventualmente se adelante se hará "con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas" orientadas a proteger la atención en salud de la población.

Desde el punto de vista técnico, la cartera identificó fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento, asociadas a:

  • Fragmentación excesiva de afiliados
  • Presencia marginal de múltiples EPS en territorios sin escala poblacional suficiente
  • Selección adversa geográfica
  • Pérdida de economías de escala

Estas condiciones, según el Ministerio, afectan la eficiencia del sistema, generan riesgos financieros y comprometen la continuidad e integralidad de la atención, especialmente en municipios rurales, dispersos, de frontera o con limitaciones en la oferta de servicios.

Críticas de las organizaciones de usuarios

Frente a la posición gubernamental, las organizaciones de usuarios advirtieron que el Gobierno avanzará con el proyecto pese a las alertas sobre posibles afectaciones a millones de pacientes. Álvaro Enrique Molina, vocero de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud, señaló: "Con este comunicado lo que quieren decir es que sí lo van a expedir y que van a realizar el traslado de los usuarios. Van a agravar la crisis humanitaria en vez de realizar acciones para resolverla".

Fundamento legal y técnico del proyecto

El Ministerio recordó que, conforme a los artículos 49 y 365 de la Constitución Política y a normas como la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el Estado tiene la responsabilidad indelegable de organizar, dirigir, regular y controlar el sistema de salud.

El proyecto introduce un ordenamiento técnico basado en criterios como:

  1. Escala y densidad poblacional
  2. Capacidad operativa real de las EPS
  3. Dispersión geográfica
  4. Sostenibilidad financiera
  5. Articulación con las redes de prestación de servicios

Ante las críticas sobre una posible restricción a la competencia, pues la iniciativa limitará el número de EPS por territorio dependiendo de la cantidad de usuarios, el Gobierno aseguró que el enfoque propuesto no impone criterios arbitrarios ni vulnera la libre competencia económica. Por el contrario, se enmarcaría en un modelo de competencia regulada orientado a corregir fallas del mercado del aseguramiento.

Garantías para los usuarios

El Ministerio subrayó que el decreto fija reglas claras, objetivas y transparentes para la asignación y eventual reasignación de afiliados, orientadas a:

  • Preservar la continuidad de los tratamientos en curso
  • Mantener la unidad de los grupos familiares
  • Asegurar la neutralidad del riesgo epidemiológico
  • Proteger la sostenibilidad financiera del esquema de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)

En conclusión, la cartera sostuvo que el proyecto de decreto "no debilita el sistema de salud ni genera incertidumbre para la población", sino que constituye una herramienta necesaria y proporcional para prevenir riesgos sistémicos y ordenar la operación del aseguramiento de acuerdo con la realidad territorial del país. "Ordenar el aseguramiento con criterios técnicos y territoriales es una medida de responsabilidad estatal", concluyó el Ministerio.