Proantioquia rechaza suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas criminales en Colombia
La organización empresarial Proantioquia se pronunció enérgicamente contra la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender, por seis meses prorrogables, las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esta medida, consignada en la Resolución 00027 de 2026 emitida el 27 de marzo, se enmarca en los diálogos de paz urbana que se desarrollan en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Una afrenta contra las víctimas
En un comunicado oficial, Proantioquia calificó la suspensión como "una afrenta contra todos los colombianos víctimas de la violencia" y advirtió que envía un mensaje "desesperanzador" sobre la justicia en el país. La organización enfatizó que el Estado de derecho se sustenta en el respeto irrestricto a la ley, la transparencia institucional y la toma de decisiones de cara a la ciudadanía.
El gremio cuestionó que esta medida, sumada a episodios como la presencia pública de estos cabecillas en actos oficiales -incluyendo el polémico "tarimazo" del 21 de junio de 2025 en La Alpujarra donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con integrantes de estos grupos- deteriora la confianza ciudadana y contribuye a un ambiente de incertidumbre en medio del actual proceso electoral.
Reacciones políticas y jurídicas
La controversia ha generado reacciones en múltiples frentes:
- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la interposición de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para tumbar la resolución de la Fiscalía.
- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la decisión como "un insulto a las víctimas y a Medellín".
- En un Consejo de Seguridad Metropolitano, autoridades locales calificaron la medida como un riesgo para la seguridad ciudadana y la transparencia electoral.
Contexto de los diálogos
La Fiscalía justifica la suspensión argumentando avances en la mesa de diálogo, especialmente tras el encuentro del 9 de febrero liderado por la senadora Isabel Cristina Zuleta. Allí se anunció un "acuerdo condicionado" que busca la firma de un eventual Acuerdo para la Paz Urbana antes de que finalice el actual gobierno.
Los beneficiados incluyen figuras de alto perfil dentro de estructuras criminales, varias con amplio historial delictivo en Medellín y su área metropolitana. Entre ellos se encuentran protagonistas del acto en La Alpujarra, quienes incluso intervinieron ante el público durante ese evento.
Preocupaciones institucionales
Proantioquia hizo un llamado a preservar la integridad de las instituciones y evitar concesiones que, a su juicio, puedan debilitar los principios democráticos. En su posición, "el respeto a las instituciones, la Constitución y las leyes, no es un principio negociable en una sociedad democrática".
La organización alertó específicamente sobre las implicaciones simbólicas y jurídicas de este tipo de decisiones, señalando en su documento que "se siembra zozobra" en la población. Este planteamiento refleja la preocupación sobre cómo estas medidas afectan la percepción ciudadana del sistema de justicia en un momento político sensible.
Debate nacional en desarrollo
Mientras el Gobierno defiende estos mecanismos como instrumentos necesarios para avanzar en la pacificación urbana, sectores empresariales y autoridades locales mantienen sus críticas. El debate se centra en los límites y condiciones bajo los cuales se desarrollan estas negociaciones, particularmente en un contexto preelectoral donde la confianza institucional resulta crucial.
La medida afecta directamente a Medellín y el departamento de Antioquia, regiones que históricamente han sufrido el impacto de la violencia asociada a estas estructuras criminales. La resolución ha reabierto discusiones sobre los métodos adecuados para lograr la paz urbana sin comprometer los principios de justicia y rendición de cuentas.
