Denuncia de Paloma Valencia expone grave conflicto de tierras en el Valle del Cauca
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia ha puesto en evidencia una situación de extrema gravedad en el corregimiento de Zelandia, municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca. La tensión social ha alcanzado niveles críticos debido a una presunta actuación irregular de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la adquisición del predio "Peñasgordas", un terreno que se ha convertido en el epicentro de una disputa entre el Estado, comunidades campesinas y resguardos indígenas.
272 hectáreas en el centro de la controversia
El conflicto se concentra específicamente en los predios Peñasgordas A y B, una extensión de 272 hectáreas que, según la denuncia de Valencia, ha sido el hogar y sustento de numerosas familias campesinas durante más de dos décadas. La información revelada indica que la ANT habría procedido con la compra de estas tierras con el objetivo declarado de transferirlas al resguardo indígena Yu Yik Kwe.
Esta decisión administrativa, de materializarse, provocaría el desplazamiento inminente de los campesinos que han trabajado y cultivado estas tierras por generaciones. Valencia ha advertido que esta operación no solo representa un riesgo social considerable, sino que podría configurar un posible detrimento patrimonial del Estado y una flagrante ilegalidad al ignorar por completo la ocupación histórica de los actuales habitantes.
Falta de transparencia y desacato a órdenes judiciales
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la presunta "operación silencio" implementada por la entidad estatal. La candidata presidencial ha revelado que desde noviembre de 2025 ha realizado múltiples solicitudes de información detallada a la ANT, sin obtener respuesta alguna.
"Incluso después de ganar una acción de tutela y lograr la apertura de un incidente de desacato contra el director de la entidad, Felipe Harman, la información continúa sin ser entregada", ha enfatizado Valencia durante sus declaraciones públicas.
Esta situación evoca precedentes sumamente preocupantes. La senadora recordó que la Contraloría General de la República ya había detectado hallazgos fiscales por 4.161 millones de pesos en un caso similar ocurrido en Chimichagua, donde se adquirió un predio que ya se encontraba ocupado. Este antecedente genera serios temores de que este patrón de irregularidades se esté repitiendo ahora en el territorio del Valle del Cauca.
Incumplimiento de acuerdos y amenazas de desalojo inminentes
A pesar de que el 1 de agosto de 2025 se estableció formalmente una mesa de diálogo con el propósito de suspender temporalmente la compra y buscar una solución concertada entre todas las partes involucradas, la comunidad de Zelandia asegura que estas promesas han sido sistemáticamente incumplidas.
Los testimonios más recientes, correspondientes a febrero de 2026, indican que funcionarios públicos habrían amenazado abiertamente con proceder a desalojos forzosos, contando incluso con el apoyo de la Fuerza Pública. Esta actitud ha roto completamente cualquier puente de confianza que pudiera existir entre las instituciones estatales y el campesinado local.
Llamado urgente a organismos de control
Ante lo que califica como una "bomba de tiempo" tanto social como jurídica, Paloma Valencia ha solicitado formalmente la intervención inmediata de tres organismos de control fundamentales:
- Contraloría General de la República: Para investigar exhaustivamente el manejo de los recursos públicos en esta operación de compra de tierras.
- Procuraduría General de la Nación: Para evaluar minuciosamente la conducta de todos los funcionarios públicos implicados en este proceso.
- Defensoría del Pueblo: Para garantizar que no se vulneren los derechos humanos fundamentales de las familias campesinas afectadas.
El futuro inmediato del predio Peñasgordas queda ahora en manos de estos organismos de control, mientras la comunidad completa del municipio de Dagua permanece en estado de alerta máxima ante la posibilidad real de un desalojo masivo que transformaría irreversiblemente el mapa social y económico de toda la región.
