Petro sanciona la Jurisdicción Agraria: nueva justicia rural para Colombia
El presidente Gustavo Petro firmó en Cereté, Córdoba, la sanción que pone en marcha la Jurisdicción Agraria, una pieza fundamental en la reorganización de la justicia rural en Colombia. Con esta decisión histórica, entra en operación la Ley Estatutaria que establece jueces y tribunales especializados para atender, de manera exclusiva, los conflictos relacionados con la tierra, un tema que ha estado estancado durante décadas en los estrados judiciales.
Una estructura judicial enfocada en los territorios
La medida instala una nueva estructura judicial dedicada específicamente a los territorios rurales. Así como en Colombia existen tribunales para asuntos penales, constitucionales o administrativos, la Jurisdicción Agraria pasará a formar parte integral del organigrama judicial del país. Esta iniciativa busca saldar décadas de demoras en casos relacionados con problemas de linderos, arriendos, ocupantes o baldíos, que actualmente suman cerca de 16.300 hectáreas en un limbo legal.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, aplaudió la sanción presidencial, asegurando que servirá para dirimir conflictos sin necesidad de violencia o demoras de años. "Ahora sí podemos decir que habrá jueces y magistrados agrarios que le devuelvan la dignidad al campesinado. Esta fue una apuesta esencial del Acuerdo de Paz", comentó Carvajalino.
Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, destacó la importancia de este paso: "Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas".
Justicia especializada para comunidades rurales
La intención de esta Jurisdicción es que las comunidades campesinas encuentren respuestas más cercanas y ajustadas a sus realidades, con jueces y magistrados formados en derecho agrario y ambiental. El decreto establece ese perfil como requisito, con el objetivo de que las decisiones incorporen enfoques sociales, culturales y de género.
Dentro del diseño institucional aparece la figura de los facilitadores agrarios. Su tarea será orientar gratuitamente a quienes acuden al sistema, acompañar los procesos y hacerlos más comprensibles. La implementación priorizará zonas con mayores rezagos en la distribución de la tierra y regiones marcadas por el conflicto, como los territorios PDET, creados también con el Acuerdo de Paz.
¿Qué sigue después de la sanción?
El proceso continúa con la expedición de una ley ordinaria que definirá los procedimientos y el funcionamiento de esta jurisdicción. Es decir, si esta ley que sancionó el presidente Petro le da cabeza a la Jurisdicción, la ley ordinaria le dará manos y pies para empezar a funcionar. A la par, el Consejo Superior de la Judicatura asumirá la organización de los despachos, la asignación de equipos técnicos y la formación de jueces y magistrados.
Entrega de tierras en Córdoba
En el mismo evento en que el Gobierno sancionó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, se vivieron otros momentos significativos, especialmente para los campesinos de Córdoba. Se realizó la entrega de 3.600 hectáreas de tierras productivas a familias que fueron afectadas por un frente frío que los despojó de sus hogares.
El acto beneficiará inicialmente a más de 1.000 familias campesinas, quienes ahora verán cómo la tierra que durante años fue acaparada por narcotraficantes o actores ilegales, pasa a ser de su propiedad. Las tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras están destinadas a municipios como:
- Planeta Rica
- Sahagún
- Buenavista
- Cereté
En estas zonas, varios predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasaron a manos de organizaciones campesinas y asociaciones productivas. Varios de estos bienes estuvieron vinculados a figuras condenadas por delitos como narcotráfico y corrupción, entre ellas Daniel Rendón Herrera, 'Don Mario'; Camilo Torres, 'Fritanga'; y el exsenador Musa Besaile Fayad.
Recuperación de ecosistemas y justicia climática
Las acciones en el departamento también abarcan la recuperación de sistemas hídricos que fueron protagonistas de inundaciones que afectaron a casi medio millón de personas en Córdoba y el Caribe. La Agencia de Tierras comenta que su intervención no se limitará únicamente a recuperar y adjudicar predios, sino que también resolverá problemas causados por el acaparamiento.
Felipe Harman explicó: "Estamos haciendo intervenciones en el humedal Berlín para asegurar la interconexión hidráulica y recuperar una reserva de baldíos de la Nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio".
En Montería, avanzan intervenciones en humedales, como el de Berlín, para restablecer el flujo del agua y reconectar ciénagas afectadas por obras irregulares. Estas labores cuentan con el apoyo del Ejército y autoridades ambientales.
Sherly Miranda, una campesina beneficiaria de tierras en Córdoba, expresó: "Gracias por el apoyo oportuno y diligente del Gobierno y de la Agencia Nacional de Tierras. Hoy les hablo desde la dignidad: queremos devolverle al humedal Berlín su condición de ecosistema con la reubicación integral de estos campesinos".
Una estrategia integral: Misión Córdoba
La estrategia, bautizada como Misión Córdoba, articula estas intervenciones con espacios de participación comunitaria. En distintos municipios se han desarrollado asambleas campesinas y encuentros con comunidades étnicas, junto con ruedas de negocios orientadas a la compra de nuevas hectáreas productivas.
El presidente Petro destacó la conexión entre justicia social y climática: "Esto tiene que ver tanto con la justicia social como con la justicia climática. Estamos escribiendo unas páginas en donde le enseñamos al mundo que si queremos justicia climática, primero debemos saldar la social. La crisis climática afecta de primer grado a la gente pobre".
Para los líderes campesinos, las tierras entregadas representan más que unas parcelas productivas; son un acto de reivindicación. Rafael Espitia, vocero comunitario de Córdoba, manifestó: "Tras 40 años, llegó la hora de tener la oportunidad de tener una tierra propia. Estas tierras que pertenecieron a un narcotraficante ahora reconocen nuestra lucha de defensa del humedal y el territorio".
Según cifras oficiales, durante el Gobierno Petro se han entregado cerca de 45.000 hectáreas en Córdoba a comunidades campesinas, víctimas del conflicto y poblaciones afectadas por emergencias ambientales. La combinación de acceso a la tierra, justicia especializada y recuperación de ecosistemas perfila una hoja de ruta centrada en el ordenamiento territorial y la equidad rural.
