Estados Unidos sanciona a colombianos y empresas por reclutar mercenarios para la guerra en Sudán
En el tercer año de la devastadora guerra civil en Sudán, Estados Unidos ha centrado su atención en un aspecto poco discutido del conflicto: el reclutamiento internacional de combatientes, con especial énfasis en colombianos que terminan luchando junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar que se enfrenta al Ejército sudanés.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a cinco personas y entidades vinculadas a una red que, según Washington, ha facilitado el flujo de combatientes hacia uno de los escenarios más violentos del mundo actual.
El sofisticado modelo de operación
El mecanismo de reclutamiento opera con una estructura relativamente sofisticada que incluye múltiples etapas:
- Captación en Colombia: Exmilitares con experiencia en combate son atraídos por salarios en dólares.
- Intermediación internacional: Se formalizan contratos ambiguos mediante empresas intermediarias.
- Despliegue en terreno: Los reclutas son enviados a zonas de combate donde cumplen funciones que van desde combate directo hasta manejo de drones o apoyo logístico.
Los principales actores sancionados
Según el comunicado del gobierno estadounidense, en el centro de la red se encuentra el militar retirado Álvaro Andrés Quijano Becerra, identificado como el principal articulador del reclutamiento. Junto a su esposa, Claudia Viviana Oliveros, creó en Colombia la agencia International Services Agency (A4SI), que operaba como fachada de empleo para captar exsoldados.
A través de esta empresa, se ofrecían supuestas oportunidades laborales en seguridad en el exterior, pero en la práctica los contratados eran enviados a zonas de combate en Sudán. Tras la exposición de A4SI, la estructura no desapareció, sino que se reconfiguró con la creación de Fénix Human Resources SAS, también sancionada, que continuó con el reclutamiento bajo el control del mismo núcleo.
La capa internacional para mover dinero
El esquema incluía además una capa internacional diseñada para mover dinero y reducir riesgos legales. La empresa Talent Bridge, con sede en Panamá, actuaba como intermediaria: firmaba contratos con los reclutas y gestionaba pagos, desconectando formalmente a las agencias colombianas del destino final de los combatientes.
Este paso era clave para ocultar la trazabilidad de las operaciones y dificultar el seguimiento de los fondos.
Otras entidades involucradas
Otro actor relevante es Global Qowa Al-Basheria SAS (GQAB), también conocida como Mi Futuro Global, dirigida por el excoronel José Óscar García Batte. Según OFAC, esta firma reclutó activamente exmilitares para integrarlos a A4SI y luego a Fénix, incluso cuando ya se conocía que los contratos implicaban su envío a la guerra en Sudán.
Las autoridades también señalan que García Batte ha participado en reclutamientos para otros conflictos, como el de Ucrania. Dentro de esta estructura, Omar Fernando García Batte aparece como gerente y representante legal.
Implicaciones de las sanciones
El Departamento del Tesoro determina ahora que, bajo la Orden Ejecutiva 14098, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de esas personas quedan igualmente bloqueadas, salvo autorización expresa de la OFAC.
El contexto humanitario en Sudán
Más allá del castigo financiero, la medida busca desarticular una red que, según Washington, contribuye a prolongar un conflicto marcado por denuncias de genocidio, crímenes de guerra y limpieza étnica por parte de las FAR.
Se estima que más de cuatro millones de personas han sido desplazadas por la guerra y más del 50% de la población sudanesa sufre inseguridad alimentaria aguda, con hambruna detectada en varias zonas y millones de personas en riesgo de morir de inanición.
El conflicto ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo actual, con desplazamientos masivos, violencia sistemática contra civiles y una infraestructura básica completamente destruida en amplias regiones del país africano.
